Los ejidos, las comunidades agrarias y la justicia social hoy
La justicia legal impartida por los tribunales mexicanos solo tiene sentido si, además, es justicia social.
En ningún país de América Latina se llevó a cabo una Reforma Agraria como la realizada en México con base en la Constitución de 1917. Además de la restitución de tierras a las comunidades agrarias, esta reforma impulsó el reparto agrario y la dotación de tierras a los ejidos durante aproximadamente seis décadas. Sin embargo, con las modificaciones constitucionales y legislativas de 1992, el neoliberalismo no solo detuvo la reforma agraria, sino que intentó convertir la propiedad social de la tierra en propiedad privada, sujeta a la ley de la oferta y la demanda. Aunque esta contrarreforma no tuvo éxito total, el acaparamiento de tierras ha persistido debido a diversos factores, tanto antes como después de la reforma agraria.
En este contexto, Víctor Suárez, actual titular de la Procuraduría Agraria, ha señalado con claridad los desafíos que enfrenta el segundo gobierno de la 4T. Ha enfatizado la necesidad de proteger la propiedad social y fortalecer los núcleos agrarios, considerándolo un asunto de seguridad nacional y clave para la soberanía alimentaria.
La justicia legal impartida por los tribunales mexicanos solo tiene sentido si, además, es justicia social. En un Estado social de Derecho como el mexicano, los derechos colectivos deben ser una referencia ineludible para los operadores judiciales en cualquier nivel y materia. La justicia agraria, junto con la indígena, laboral, ambiental y sanitaria, es fundamental para el actuar de las instituciones públicas.
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Para garantizar la defensa de los territorios y la propiedad social, el Estado debe asegurar que campesinos, ejidos y comunidades agrarias tengan acceso a los documentos jurídicos necesarios para gestionar sus reclamos y reivindicaciones. Asimismo, las autoridades deben facilitar los procedimientos de regularización de la posesión y propiedad de tierras, bosques y aguas. Además, la incorporación de perspectivas de género e interculturalidad, junto con metodologías interseccionales y acciones afirmativas diferenciadas, es esencial para renovar la justicia social en el campo mexicano.
No obstante, los retos de la justicia agraria van más allá de la burocracia, los tiempos de atención de casos o la corrupción. Están ligados a dinámicas de acumulación de capital que derivan en el despojo de territorios y bienes comunes debido a la deforestación, la expansión industrial, el turismo y la urbanización descontrolada, incluyendo la construcción de carreteras, infraestructura de servicios y negocios inmobiliarios.
Además, la justicia agraria enfrenta el reto de la subordinación del campo mexicano al mercado norteamericano, primero con el TLCAN y después con el T-MEC. El actual cuestionamiento del libre comercio desde el propio gobierno de Estados Unidos nos obliga a pensar en una estrategia distinta, en la que la reivindicación de la soberanía nacional parta del fortalecimiento del sector agrícola para lograr la autosuficiencia y la soberanía alimentaria.
El acaparamiento de tierras, la escasez de agua y la falta de infraestructura, junto con la dependencia del sector agroindustrial estadounidense, impiden que los núcleos agrarios se consoliden como motores del desarrollo nacional. Estos núcleos son esenciales para la protección del medio ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, así como para la preservación de la cultura, la alimentación y la salud de la población. En este sentido, la seguridad nacional y la soberanía alimentaria son ejes fundamentales, junto con la garantía de derechos humanos como la libre determinación, el acceso a un ambiente sano y la protección de la salud de los trabajadores del campo y los consumidores en general.
Para revertir las consecuencias del modelo neoliberal, es imprescindible que, en el marco de los cambios jurídicos e institucionales que atraviesa México, la procuración e impartición de justicia agraria se articulen con las justicias indígena, laboral, ambiental y sanitaria, así como con el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos. Esto permitirá fortalecer la producción agropecuaria y pesquera para el mercado interno y, en consecuencia, definir autónomamente nuestra alimentación.
Los gobiernos de la 4T han abordado la pobreza rural y la desigualdad mediante el fortalecimiento del gasto social y la implementación de políticas de bienestar. Asimismo, la reforma judicial, incluida en el “Plan C” respaldado por más de 35 millones de mexicanas y mexicanos, busca conjugar el principio de legalidad con la justicia social, garantizando que los operadores judiciales actúen con apego a principios éticos y en beneficio del interés público. Finalmente, en este contexto, es fundamental revisar el artículo 27 constitucional para reconocer y garantizar plenamente la propiedad social como pilar de la soberanía y el desarrollo nacionales, en un mundo donde las estrategias de acumulación de capital siguen reconfigurándose. El Gobierno de México, una vez más, deberá defender los intereses del pueblo, su territorio, su cultura y sus derechos fundamentales.
