Sistemas alimentarios en disputa: entre la inercia y la transformación

Hablar del plato que llevas cada día a tu mesa es profundizar en los sistemas alimentarios que se imponen bajo cuotas de poder, la mayor parte de las veces por encima del territorio y comprometiendo gravemente el futuro. No se trata únicamente de cómo se producen los alimentos, sino de quién decide qué se produce, en qué condiciones y para beneficio de quién.

En ese terreno, la forma en que se gobiernan estos sistemas se ha convertido en un factor determinante para enfrentar —o recrudecer— las desigualdades sociales, la crisis ambiental y el deterioro de la salud pública. Círculos viciosos que comienzan con una decisión u omisión política.

Por eso, no es casualidad que después de años de trabajo consolidado en la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, aún no se publique su reglamento. Se trata del instrumento más importante para que esta Ley General se implemente y no quede el discurso.

Es claro que esta Ley General —publicada el 17 de abril de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el objetivo de garantizar el derecho constitucional a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad en México— enfrenta una fuerte resistencia de los sectores corporativos que dominan el sistema alimentario actual, porque cuestiona directamente el modelo basado en ultraprocesados, agricultura intensiva e insumos químicos.

Entre los principales actores afectados se encuentran la industria de alimentos y bebidas azucaradas, las empresas de fertilizantes, pesticidas y semillas modificadas, así como las grandes cadenas de distribución y las industrias del empaque.

Este modelo dominante no surgió por accidente. Se consolidó a partir de la Revolución Verde, que prometió resolver el problema del hambre mediante el aumento de la productividad. Y, en efecto, incrementó rendimientos. Pero lo hizo a costa de simplificar los ecosistemas, erosionar los suelos, contaminar el agua con agroquímicos y desplazar a millones de pequeños y medianos productores.

Con el tiempo, este modelo no solo transformó la agricultura, sino también la dieta: priorizó la producción de insumos para la industria de ultraprocesados por encima de alimentos frescos y nutritivos. Hoy, las consecuencias son evidentes. Los sistemas alimentarios se han convertido en una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que, paradójicamente, millones de personas enfrentan simultáneamente malnutrición y enfermedades asociadas a dietas de baja calidad. Esta contradicción revela un problema estructural: no es que el sistema no funcione, es que funciona para intereses específicos.

Frente a este panorama, la transformación exige algo más que ajustes técnicos. Requiere una gobernanza distinta: una articulación real entre políticas agrícolas, ambientales, de salud e, incluso, de comunicación masiva.

No es sostenible que la política agrícola impulse prácticas que degradan el entorno, mientras otras áreas del Estado intentan mitigar sus efectos. La fragmentación institucional termina por reproducir el problema que pretende resolver.

Un punto crítico y ejemplo de esto es la resistencia del Estado actual para emitir el reglamento de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. Su retraso por más de dos años no puede leerse como una simple omisión administrativa, sino como un síntoma de las resistencias que enfrenta cualquier intento de reordenar el sistema alimentario en favor del interés público.

Donde debería haber claridad normativa, hay opacidad; donde debería haber coordinación, hay inmovilidad.

México aprueba una ley histórica para garantizar el derecho a una alimentación adecuada y sostenible

México ha sido reconocido a nivel mundial por la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible. “El derecho a la alimentación es inclusivo y va más allá de una simple ingesta calórica. Es el derecho a todos los elementos nutritivos necesarios para llevar una vida sana y activa, así como el acceso a ellos. En consonancia con nuestro Marco Estratégico de la FAO para 2022-2031, esta legislación respalda la Agenda 2030 al transformar los sistemas agroalimentarios hacia la eficiencia, inclusión, resiliencia y sostenibilidad, promoviendo una mejor producción, nutrición y medio ambiente para una vida mejor para todos, sin dejar a nadie atrás”, cita el comunicado oficial de Naciones Unidas (marzo, 2024).

El trabajo técnico, pero sobre todo el consenso para aprobar esta ley fue arduo y ha constituido una de las más granes victorias del cambio de modelo en la Cuarta Transformación. Más allá de las redefiniciones que son de amplia importancia, reconoce operativamente la importancia de la diversidad biocultural del país, sus sistemas tradicionales como la milpa y el conocimiento campesino, que colocan como un referente potencial para construir modelos alimentarios sostenibles.

Sin embargo, ese potencial convive con tensiones profundas. Por un lado, existen avances normativos que reconocen el derecho a una alimentación adecuada y la necesidad de transitar hacia sistemas más justos; por otro, persisten intereses corporativos que han capturado buena parte de las decisiones públicas.

Hasta ahora, los grandes captores de estas decisiones que impiden la publicación de la Ley General de Alimentación son las corporaciones. No hay duda.

Ojalá que muy pronto la Cuarta Transformación haga efectiva su cuota de congruencia para devolver al pueblo la confianza que le ha entregado para ir ganando tiempo en asuntos centrales para la vida: la agroecología, la soberanía alimentaria, la producción local y el respeto a los ciclos naturales.