Lucha por la tierra, una lucha vigente 

MÉXICO.- La lucha por la tierra se mantiene vigente, en especial si consideramos que la concentración o acaparamiento de las tierras agrícolas, es su fenómeno que comenzó a extenderse a partir de la segunda mitad de la década del 2000.

Varios estudios han hecho un llamado a poner atención a este fenómeno –que no es nuevo, pero que históricamente se ha repetido- y algunos de ellos han puntualizado las implicaciones que tienen para la vida de los actores rurales.  De forma reciente -en 2012- el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, solicitó la realización de un estudio, que sirviera como base para la elaboración de una propuesta de los derechos de los agricultores y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.

El estudio además de identificar a los grupos vulnerables, señaló de forma precisa las causas que provocaban la vulnerabilidad. Una ellas, es precisamente, los procesos de expropiación de tierras, desalojos y desplazamientos forzados.  De acuerdo a los datos aportados por el estudio, se estima que entre 1995 y 2005, la FoodFirst Information and Action Network (FIAN) -organización internacional de derechos humanos que promueve y defiende el derecho a la alimentación- se ocupó de más de 100 casos de violaciones del derecho a la alimentación y concluyó que la mayoría estaban relacionados con la expropiación de tierras, los desalojos, los desplazamientos forzados y el acaparamiento de tierras.

Pero no sólo eso, fue enfático al señalar que el reciente fenómeno mundial del “acaparamiento de tierras” ha añadido otra dimensión a estas inquietudes, ya que los gobiernos y las empresas pretenden adquirir y arrendar vastas extensiones de tierras productivas en otros países, para exportar alimentos a sus países u obtener biocombustibles para llenar los depósitos de petróleo del Norte Global.

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El Oakland Institute -organización independiente que estudia los problemas sociales, económicos y ambientales más apremiantes de nuestro tiempo- publicó durante la primera década del siglo XXI, una serie de informes en los que se examinaban las consecuencias del “acaparamiento  y concentración de tierras” en las comunidades rurales de varios países de África. Concluyendo que estas adquisiciones de tierras,  por lo general no estaban reglamentadas, lo que dio lugar a que las poblaciones nativas prácticamente no recibieran ninguno de los beneficios prometidos y en cambio, estaban obligando a los pequeños agricultores a abandonar sus tierras.

Asimismo, el fenómeno del “acaparamiento de tierras a nivel mundial y sus consecuencias, fueron algunas de las principales cuestiones examinadas en el Foro Social Mundial celebrado en Dakar en febrero de 2011 y recordaron que los acaparamientos masivos de tierra en beneficio de intereses privados o de terceros Estados —ya sea por razones alimentarias, energéticas, mineras, ambientales, turísticas, especulativas o geopolíticas— representa una clara violación de los derechos humanos.

De igual forma, durante 2014, la FAO publicó la investigación Reflexiones sobre la concentración y extranjerización de la tierra en América Latina y el Caribe, en donde destaca que hay un creciente consenso de que los fenómenos de concentración y extranjerización de la tierra, generan problemas en los países de la región en varias dimensiones: en lo político, económico, ambiental y social.

Por su parte Oxfam -en varios trabajos- ha denunciado los efectos del acaparamiento de tierras y la aceleración del proceso de concentración en América Latina; poniendo el acento en que la extrema desigualdad en el acceso y control de la tierra es uno de los grandes problemas sin resolver, lo que provoca conflictos internos y desplazamientos en muchos países

En 2018, la campaña “Manos en la tierra por la soberanía alimentaria” organizada por una red de organizaciones, publicó el estudio Acaparamiento y concentración de tierras en Europa. En el trabajo se muestra que existen evidencias significativas de que el acaparamiento de tierras es una realidad ya en curso en Europa y que de no controlarse, tendría repercusiones en la seguridad alimentaria europea, el empleo, el bienestar y la biodiversidad.l

Por fortuna, en 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la  Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, que en su artículo 17 indica: que los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la tierra, individual o colectivamente; que los Estados adoptarán medidas apropiadas para eliminar y prohibir todas las formas de discriminación en relación con el derecho a la tierra; y que tienen derecho a estar protegidos contra todo desplazamiento arbitrario e ilegal que los aleje de su tierra, de su lugar de residencia habitual o de otros recursos naturales que utilicen en sus actividades y necesiten para poder disfrutar de condiciones de vida adecuadas.

EL APUNTE

No será posible combatir la desigualdad en el mundo rural sin abordar el reto de la distribución de la tierra y su relación con los derechos de las poblaciones más pobres y excluidas de todas las regiones del orbe.

Con información de SIAP