Paro nacional del campo: razones de sobra y una política que aún no escucha

Después de múltiples advertencias públicas, el Paro Nacional por el Campo se cumplió este seis de abril con el bloqueo parcial y total de distintas vías carreteras del país. Tampoco se trató de un megabloqueo como anunció la Asociación Nacional de Transportistas en México (ANTAC), pero las movilizaciones fueron suficientes para generar una tensión que derivó en un reproche innecesario por parte del Gobierno de México hacia la manifestación pública.

El desatinado oficio del Gobierno de México en las negociaciones con las y los agricultores, las organizaciones campesinas, los líderes políticos detrás de las movilizaciones y las instituciones involucradas tuvo su origen en una relación compleja que se ha distorsionado durante años.

No se trata sólo del abandono institucional del campo, sino de la perspectiva asistencialista de las políticas públicas en el sector, que ha prevalecido hasta ahora. Si bien el gobierno, desde 2018, ha buscado dar un giro a la atención del campo mexicano, no ha logrado consolidar acciones permanentes y congruentes que ayuden a contener el estallido social que se ha ido gestando desde décadas pasadas.

Las demandas del campo mexicano, con líderes charros al frente o no, son legítimas. No hay un solo punto irrelevante. Por eso, responder desde el gobierno federal con la idea de que “no hay razones” para la movilización es una afrenta para las comunidades campesinas. Lo es aún más cuando esta afirmación proviene de un movimiento que enarbola el principio de “por el bien de México, primero los más pobres”. Y sí, en el campo se encuentran las personas más pobres del país.

Aunque es cierto que detrás de esta movilización no sólo hay campesinos, sino también intereses de organizaciones que buscan lucrar con el abandono del campo, el oficio primario de la política es diferenciar las causas de quienes expresan una demanda. Ahí debe prevalecer la empatía del gobierno para reconocer que, en efecto, razones hay de sobra para manifestarse, pero también debe imponerse el entendimiento para construir soluciones más allá del discurso y la ganancia política.

Las demandas que se exponen no son menores. Sinaloa, por ejemplo, acumula un par de años en el pago de compensaciones por los precios de garantía en granos básicos como el maíz. Este retraso puede resolverse en una mesa de trabajo con las dependencias involucradas y fortalecerse con mayor voluntad política.

En otros temas, como los precios del diésel o de los fertilizantes —sujetos a externalidades como los conflictos bélicos en Medio Oriente—, se requiere una estrategia a corto, mediano y largo plazo que brinde certidumbre a las comunidades campesinas.

Lo mismo ocurre en materia de seguridad. No es fácil resolver de un día a otro los 30 o 40 robos diarios a camiones que trasladan agroalimentos, pero sí es posible implementar mecanismos de coordinación con organizaciones para establecer protocolos de denuncia frente a extorsiones, casi siempre dirigidas específicamente a este sector.

En los últimos dos meses suman casi 400 reuniones con productoras y productores del país, algunas encabezadas por la propia presidenta Claudia Sheinbaum; sin embargo, es indispensable que a estas mesas se sumen las y los gobernadores para atender problemáticas regionales, como ya ocurre en las mesas de seguridad.

El estallido social en el campo aún se mantiene contenido, y las protestas de este Paro Nacional —todavía indefinido— son apenas la expresión mínima del abandono histórico que han padecido las comunidades campesinas. Lejos de alarmarnos, deberían generar una empatía colectiva hacia quienes hacen posible que los alimentos lleguen a nuestras mesas.

Esta movilización no necesita líderes charros para existir, porque lo que sobran son razones para exigir justicia y paz.