Campaña Sin Maíz No Hay País cuestiona investigación genética impulsada por convocatoria federal
El abogado David Rivera Fragoso, integrante de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, advierte que una convocatoria de investigación del gobierno federal podría abrir la puerta a la edición genética del maíz y a la apropiación de recursos bioculturales de comunidades campesinas.
PUEBLA, MÉXICO.- Con un segundo embate contra los maíces mexicanos han quedado expuestas las pretensiones de generar e institucionalizar mecanismos extractivistas y de despojo desfavorables para las comunidades campesinas que siembran y resguardan el maíz en México, ahora desde la investigación científica.
Al menos así lo considera la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País (CNSMNHP), movimiento organizado donde confluyen más de 300 organizaciones campesinas, urbanas y plurales de todo el país para defender esta semilla, considerada en la Constitución mexicana como elemento central de la identidad nacional, patrimonio biocultural y base de la seguridad alimentaria.
En entrevista con la revista La Campiña, David Rivera Fragoso, abogado de la Demanda Colectiva del Maíz e integrante de la CNSMNHP —movimiento que también reúne a personas consumidoras, grupos ambientalistas, de derechos humanos, científicas e intelectuales— señaló que la reciente Convocatoria Nacional de Investigación Científica y Humanística 2026 de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación (Secihti), en el Anexo 7 correspondiente al eje estratégico Soberanía Alimentaria, pone al descubierto las intenciones de establecer una política de Estado que favorece el despojo y beneficia a empresas transnacionales, especialmente a aquellas que, mediante ediciones genéticas, han buscado obtener la propiedad de las semillas.
Antecedentes
El pasado 26 de febrero, la organización Sin Maíz No Hay País difundió un comunicado en el que acusó a la Secihti de pretender “burlar la Constitución para impulsar maíz modificado bajo el disfraz de edición genética”, bajo una retórica “falsamente progresista”, lo que situó el debate sobre el maíz nuevamente en el centro del territorio.
Con este hecho, la organización se puso una vez más en alerta, dado que hace un año denunció que la reforma constitucional propuesta para proteger a los maíces mexicanos —y que posteriormente fue corregida por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— tenía ambigüedades que permitirían la siembra de semillas modificadas que utilizan, de manera indisoluble, agrotóxicos que dañan la salud humana y el ambiente, según el expediente científico elaborado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como una robusta evidencia científica internacional que advierte sobre estos perjuicios.
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El debate científico
Hace unos días, la Secihti publicó una convocatoria para apoyar la investigación científica y humanística que, en el eje estratégico Soberanía Alimentaria, contempla la coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Bienestar y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).
De acuerdo con la convocatoria oficial, el objetivo es:
“Impulsar la generación, aplicación e incidencia del conocimiento científico, tecnológico y humanístico para fortalecer sistemas agropecuarios y agroecológicos sostenibles que incrementen la producción nacional, reduzcan la dependencia externa y mejoren los ingresos de las y los productores”.
Todo ello con el fin de garantizar el acceso del pueblo de México a alimentos suficientes, saludables y culturalmente pertinentes, en concordancia con el mandato nacional de avanzar hacia la soberanía y la seguridad alimentaria.
Sin embargo, la convocatoria incorpora algunos términos y lo que la organización considera “omisiones dolosas”, que no responderían a equivocaciones ni a falta de pericia, sino a una formulación que podría institucionalizar no sólo la biopiratería, sino también el despojo para las comunidades, afirmó Rivera Fragoso.
Por ello, actualmente se encuentran en un proceso de diálogo con las instituciones correspondientes para que la convocatoria evite estas “confusiones” que, a su juicio, contravienen la ley vigente impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y que protege al maíz mexicano.
En febrero de 2025 se logró la reforma para la protección de los maíces nativos. Esto significa que se prohíbe la siembra de maíz genéticamente modificado en todas sus formas y técnicas —transgénesis, edición genética, entre otras— y establece que, en caso de utilizarse maíz genéticamente modificado en algo distinto a la siembra, debe realizarse un análisis de riesgo que demuestre que existe riesgo cero para la salud de las personas, el medio ambiente y el patrimonio biocultural de México”.
Aunque el término investigación no está expresamente establecido en la Constitución, se trataría de una inversión pública que quizá no trascendería de inmediato por el marco jurídico vigente, pero sí podría dejar un precedente y un riesgo permanente para su aplicación en el futuro.
Para Rivera Fragoso, la convocatoria promueve la investigación científica y, en una lectura rápida, parece una “buena intención”; sin embargo, en un análisis de fondo “habla y promueve investigar la edición genética de cualquier organismo vegetal o animal. Se les olvida que, en el caso del maíz, tendría que establecerse un régimen especial”.
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Desde el momento en que una persona investigadora presenta su proyecto, añade, debería existir previamente un análisis de riesgo que establezca que no habrá ningún daño a la salud. “No se menciona nada de esto; se da carta libre. De hecho, se asume la edición genética sin candados”.
Es un juego de palabras que parece que así no violan la Constitución”, señala.
Aunque la transgénesis —una técnica de organismos genéticamente modificados— está quedando en obsolescencia, los riesgos permanecen para un país como México, donde el maíz se consume tres veces al día, los siete días de la semana y durante todas las etapas de la vida.
Estas ediciones genéticas representan una amenaza adicional para el maíz, dado que esta semilla es de polinización abierta. Cada planta puede producir hasta diez mil granos de polen que se dispersan por viento, insectos o flujo génico, un proceso que después resulta imposible de controlar.
Rivera Fragoso explicó que actualmente se trabaja en un proceso de diálogo y escucha con las instituciones para que la convocatoria sea modificada antes de analizar otras vías legales que puedan frenarla.
Sin embargo, para las organizaciones, esta convocatoria refleja una visión de Estado en materia de seguridad alimentaria con una perspectiva extractivista, porque permitiría que los organismos genéticamente modificados (OGM) se utilicen en investigación y eventualmente se introduzcan en la siembra.
Es despojo porque, una vez que contaminan las semillas de las familias campesinas, luego tendrán que pagar para seguir sembrando o pedir permisos, perdiendo la autonomía sobre sus propias semillas, sobre todo en las pequeñas escalas de producción”.
A ello se suma otro concepto presente en la convocatoria: las secuencias digitales, que podrían materializar formas de biopiratería.
Las personas investigadoras van a las comunidades, toman una muestra con PCR ahí mismo y pueden obtener la secuencia digital, descubrir todo el genoma de la planta sin informar a la comunidad. No hay legislación sobre eso”.
Aunque el Protocolo de Nagoya, del que México forma parte, establece cómo debe realizarse la extracción de recursos genéticos de manera consensuada con las comunidades y garantizando que participen en los beneficios que puedan derivarse de estos recursos, en el país todavía no existe una legislación que establezca cómo se extraerán estos recursos ni cómo se dará seguimiento a los beneficios que deberían recibir las comunidades por siglos de resguardo.
Biopiratería institucionalizada
Este nuevo debate abre la necesidad urgente de que el Gobierno de México elabore una regulación clara sobre el acceso a los recursos genéticos del país, dada su condición de nación megadiversa, para evitar que empresas lucren con ellos a costa de los saberes y cuidados de las comunidades campesinas.
“Necesitamos adecuar las leyes secundarias para hacer efectivos los análisis de riesgo y volverlos obligatorios. Para ello debe modificarse la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados”, concluyó el integrante de la CNSMNHP.
