De la seguridad a la soberanía alimentaria: un cambio necesario en las políticas públicas ante la crisis global
Berdegué y Graziano analizan la evolución de estos conceptos clave para entender las nuevas estrategias alimentarias en México y América Latina.
05/05/2025 9:12 am
MÉXICO.- En un contexto global marcado por crisis alimentarias, desigualdad y cambio climático, la política agroalimentaria mexicana avanza hacia un nuevo paradigma: la soberanía alimentaria. Así lo plantean Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, y José Graziano da Silva, director del Instituto Hambre Cero Brasil, en un artículo conjunto donde revisan la evolución histórica y política de los conceptos de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, y su impacto en el diseño de políticas públicas actuales.
Ambos expertos explican que el concepto de seguridad alimentaria surgió tras la Segunda Guerra Mundial como una respuesta a la necesidad de garantizar la disponibilidad de alimentos y reducir la dependencia del comercio exterior. Con el paso del tiempo, este enfoque se volvió más complejo, al considerar también el acceso económico, la calidad nutricional y la equidad en la distribución.
Sin embargo, esta visión —afirman— ya no es suficiente. La creciente desigualdad, las políticas neoliberales y los intereses del comercio global han debilitado el derecho a la alimentación de millones de personas. Es por eso que la soberanía alimentaria se ha posicionado como una alternativa urgente y necesaria.
La soberanía alimentaria consiste en que nuestros países cuenten con todas las capacidades para garantizar a su población una alimentación suficiente, nutritiva y culturalmente adecuada, con formas de producción que respeten el ambiente y prioricen la salud humana”, destacan.
En México, este cambio de enfoque se refleja en programas como Cosechando Soberanía, que busca fortalecer la autosuficiencia alimentaria mediante apoyos directos a campesinos, productores de pequeña y mediana escala, y pueblos indígenas. El programa integra acceso a crédito, seguros, comercialización, agregación de valor y acompañamiento técnico con enfoque agroecológico.
Con más del 80% del presupuesto agroalimentario destinado a estas poblaciones desde 2018, el país busca construir una política alimentaria que no solo produzca alimentos, sino que garantice el derecho humano a una alimentación digna, fortaleciendo a las comunidades rurales y protegiendo los ecosistemas.
