Comunidades mayas piden al Poder Judicial respetar estándares de acceso a la justicia ambiental
Colectivos y comunidades indígenas advierten que un proyecto de resolución en Yucatán podría restringir el acceso a la justicia ambiental al exigir pruebas de daño antes de analizar el fondo del caso.
11/06/2026 12:37 pm
MÉXICO.— Organizaciones de derechos humanos, ambientales, ejidos y comunidades mayas de la Península de Yucatán hicieron un llamado al Poder Judicial de la Federación para evitar un retroceso en el acceso a la justicia ambiental, ante el proyecto de resolución del Amparo en Revisión 47/2025, relacionado con la granja avícola Akutzá, de la empresa Bachoco, en el municipio de Peto, Yucatán.
El proyecto, elaborado por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Yucatán, propone desechar el juicio promovido desde 2023 por comunidades de Quintana Roo acompañadas por ProDESC, bajo el argumento de que no acreditaron interés legítimo para impugnar las autorizaciones ambientales y de construcción del proyecto.
Las organizaciones advirtieron que esta postura contradice estándares nacionales e internacionales, así como criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que reconocen el derecho de comunidades indígenas a acudir a tribunales para defender su territorio y el medio ambiente sin cargas probatorias excesivas.
El proyecto sostiene que las comunidades no demostraron afectaciones ambientales, especialmente en el componente hídrico y en la posible contaminación de la Laguna de Chichankanab, sitio Ramsar. Sin embargo, los ejidos argumentan que su calidad de núcleos agrarios y pueblos indígenas les otorga una posición jurídica especial, vinculada al uso del agua y a la cercanía con el proyecto.
De confirmarse la resolución, el caso quedaría cerrado sin analizar el fondo: determinar si la granja de Bachoco podría generar impactos adversos e irreversibles en un ecosistema ya vulnerable. Las organizaciones recordaron que, conforme al Acuerdo de Escazú, corresponde a las autoridades y a quienes promueven proyectos potencialmente contaminantes demostrar que no existe riesgo de daño.
El llamado también subraya que la industria avícola y porcícola ha generado impactos acumulativos en la región, donde el acuífero peninsular es especialmente vulnerable a la contaminación.
Las organizaciones pidieron al Tribunal Colegiado:
- Garantizar el acceso efectivo a la justicia ambiental.
- Aplicar los principios de precaución, prevención e in dubio pro natura.
- Recabar pruebas de oficio cuando intervienen comunidades indígenas.
- Evitar criterios que obstaculicen la defensa temprana de ecosistemas.
- Reconocer el interés legítimo de las comunidades quejosas.
La resolución tendrá efectos más allá de Yucatán, pues definirá si las comunidades pueden acudir a la justicia para prevenir daños ambientales o si deberán esperar a que estos ocurran para que sus derechos sean reconocidos.
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