El asesinato de Bernardo Bravo revela la podredumbre del campo mexicano
El crimen es una herida más en ese cuerpo campesino que, entre cuotas, amenazas y silencios, produce el alimento de todos.
MÉXICO.- El crimen organizado ha convertido al campo mexicano en un territorio de guerra sin balas visibles pero con muertos constantes. El asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, es una herida más en ese cuerpo campesino que, entre cuotas, amenazas y silencios, produce el alimento de todos.
Bravo fue hallado sin vida dentro de su camioneta en Michoacán, con impactos de bala en la cabeza. Había denunciado públicamente las extorsiones que sufren los productores limoneros del valle —obligados a pagar entre 10% y 20% del valor de su producto al crimen organizado— y advertido que esos cobros se reflejan directamente en el precio de los alimentos. Días antes, había participado en el paro nacional de productores en más de 20 estados, exigiendo seguridad y justicia para el campo.
El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) condenó el asesinato del “reconocido líder productor de limón y defensor inalcanzable de los derechos de los agricultores” y alertó que las extorsiones ya tienen un impacto directo en la canasta básica. “Entre un 10% y un 20% del costo de los alimentos responde a pagos exigidos por grupos criminales. La situación es insostenible”, señaló el organismo.
El Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), al que Bravo pertenecía, acusó al gobierno federal de indiferencia y de “enviar un mensaje de exclusión y desprotección” al no atender las demandas del sector. Legisladores de distintos partidos guardaron un minuto de silencio en su memoria.
Las primeras investigaciones apuntan a una red de infiltración del crimen organizado en las asociaciones de agricultores. El principal detenido, Rigoberto López Mendoza, presunto jefe de una célula de extorsionadores vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación y a Los Viagras, portaba una credencial de la propia Asociación de Citricultores.
Bravo, como su padre —también asesinado por defender al campo michoacano—, insistía en que el Estado debía garantizar el derecho a producir sin miedo. En una de sus últimas publicaciones escribió:
“Mientras el Estado Mexicano no implemente una estrategia integral y eficaz para detener esta violencia, todas y todos seguiremos siendo víctimas de un entorno que pone en riesgo la vida cotidiana.”
Su muerte confirma esa advertencia. El campo mexicano no solo se desangra por la desigualdad, sino por la violencia que convierte la producción de alimentos en un acto de resistencia.
