Maíz nativo: entre la protección constitucional y las amenazas que persisten

El pasado 17 de marzo se cumplió un año de las reformas constitucionales que protegen al maíz nativo desde el nivel legal más alto hasta ahora. Sin embargo, la discusión sobre esta semilla, central en nuestra alimentación y riqueza biocultural, ha reavivado diversas controversias sociales e institucionales.

Hoy, el maíz es reconocido en la Constitución Mexicana como pilar de la identidad nacional. Las reformas a los artículos 4º y 27º establecen, además, que México es centro de origen, domesticación y diversificación de esta semilla. Con ello, se configura un marco legal robusto que busca contener amenazas como la contaminación genética, aunque aún persisten vacíos en la prevención de riesgos para la salud humana y los territorios de cultivo.

Por un lado, se asume al maíz como alimento central de nuestra dieta; sin embargo, su impulso sigue siendo vago y no está armonizado con la relevancia que ha adquirido en la ley. Si bien el Plan Nacional de Maíz Nativo, dado a conocer en 2025 por el Gobierno de México, busca proteger y fortalecer esta semilla como “patrimonio biológico, agrícola y cultural del país”, las medidas resultan insuficientes frente a los embates actuales.

El plan contempla un precio de garantía; no obstante, este apenas cubre los costos mínimos de producción, sin generar ganancias suficientes para las familias campesinas. Sería deseable que los estados aportaran recursos adicionales, pero, hasta ahora, solo el Estado de México lo ha hecho. Ni siquiera Puebla, cuna del maíz, ha impulsado un programa integral que marque diferencia.

Por otro lado, organizaciones como Sin Maíz No Hay País han denunciado el impulso a la investigación en edición genética, un tema desconocido para la mayoría de los productores, especialmente aquellos que cultivan a pequeña escala y que, en realidad, son quienes resguardan este grano.

Mientras los programas sociales comienzan a enfocarse y los apoyos llegan progresivamente a las comunidades, las empresas de agrotóxicos continúan recorriendo los campos para comercializar sustancias altamente peligrosas, particularmente para el maíz, que subsiste dentro del ecosistema de las milpas.

Estos vendedores siguen convenciendo a las comunidades campesinas de utilizar productos como el glifosato para eliminar las llamadas “malezas” —nombre que se ha impuesto a especies fundamentales del ecosistema— sin considerar que muchas de ellas forman parte esencial de la alimentación, como el frijol, el chile, los quelites, la calabaza o las habas.

A ello se suma una política pública silenciosa que favorece el desplazamiento del maíz nativo en favor de cultivos más rentables o demandados por el mercado, como berries, pepino, sorgo o soya (en muchos casos, contaminada).

Por si fuera poco, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá anticipa un escenario complejo para las comunidades, particularmente tras el fallo en el panel de controversia sobre el maíz transgénico. No debe olvidarse que fue en ese contexto donde surgió la necesidad de impulsar reformas constitucionales para proteger los maíces nativos.

No se pueden negar las buenas intenciones ni el valor simbólico de proteger el maíz en el discurso público. Sin embargo, si no se profundiza en su importancia para las comunidades campesinas —que constituyen gran parte del país—, difícilmente se avanzará hacia soluciones viables y sostenibles que garanticen su preservación a largo plazo.

• Maíz nativo: entre la ley y los retos del campo mexicano

• Protección constitucional del maíz: ¿suficiente para las milpas?

• El maíz es raíz de identidad pero también de desafíos para las comunidades campesinas