Buscan tipificar el ecocidio como crimen internacional: académicos y activistas alertan sobre su impacto en América Latina
“Necesitamos una definición situada, pensada desde América Latina y sus urgencias ambientales”
MÉXICO.- El ecocidio, entendido como la destrucción masiva y deliberada del medio ambiente, podría convertirse en un crimen internacional equiparable al genocidio, debido a su impacto en comunidades, ecosistemas y defensores ambientales, coincidieron especialistas durante el Seminario Internacional “El delito de ecocidio en América Latina”, realizado en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM.
El director del CIALC, Gerardo Torres Salcido, advirtió que este delito representa “un problema creciente en la región”, pues provoca desplazamientos, asesinatos y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. “Estamos interesados en los derechos humanos y en la interrelación entre la sociedad y los ecosistemas”, afirmó.
Por su parte, la investigadora Eva Leticia Orduña Trujillo destacó que América Latina es la región más peligrosa del mundo para quienes defienden el medio ambiente, donde las agresiones, desapariciones y criminalización de activistas se han vuelto frecuentes.
La académica Natalia Denise Alonso señaló que la discusión sobre el ecocidio debe considerar las condiciones estructurales y socioeconómicas del continente.
“Necesitamos una definición situada, pensada desde América Latina y sus urgencias ambientales”, expresó.
Desde Londres, Jojo Mehta, directora general de Stop Ecocidio Internacional, recordó que la iniciativa para incluir este delito en la Corte Penal Internacional ya avanza. En 2024 se presentó una propuesta de enmienda al Estatuto de Roma, con el fin de reconocer el ecocidio como un crimen grave contra la naturaleza y la humanidad.
El director para las Américas de la misma organización, Rodrigo Lledó, detalló que países como Colombia, Chile, Bolivia, Perú y Argentina ya han incorporado o discutido el concepto en sus legislaciones. En México, los proyectos de ley propuestos desde 2018 no han prosperado, aunque la Ciudad de México, Jalisco y Chiapas lo han tipificado parcialmente.
Penalizar el ecocidio no resolverá todos los problemas ambientales, pero es un paso crucial para frenar la impunidad ante la destrucción masiva de los ecosistemas”, concluyó Lledó.
