La prohibición de plaguicidas en México no puede quedar en manos exclusivas de la industria

MÉXICO.- El uso desregulado de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) en México se mantiene como una de las amenazas más graves y silenciosas para la salud humana y el ambiente.

A pesar de que nuestro país sostiene convenios internacionales vinculantes, como el de Estocolmo —sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs)— y el de Rótterdam —sobre el Consentimiento Fundamentado Previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional—, los pasos que ha dado México en esta materia no han cumplido con las expectativas de comunidades campesinas, científicas, académicas, jurídicas y de base social, que llevan décadas en una lucha permanente por alcanzar una agricultura sin agrotóxicos.

En entrevista con la revista La Campiña, el director de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM) y coordinador de la oficina de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN) para América Latina y el Caribe, Fernando Bejarano González, afirmó que el decreto que prohíbe la producción, importación, comercialización y uso de 35 plaguicidas altamente peligrosos en México —publicado el 4 de septiembre del presente año— representa un paso “tímido y simbólico” que, por ahora, solo protege intereses de los industriales de agrotóxicos, con quienes fue socializada la primera lista de sustancias prohibidas este año.

“El decreto, sobre todo, le pega al mercado negro e ilegal que compite con el mercado de las empresas que invierten mucho dinero para vender sus productos (agrotóxicos). Se protegen sus intereses más que responder a la necesidad de frenar un daño irreversible”, dijo.

Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “actúa de muy buena fe” —señaló—, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), que encabeza la estrategia nacional integral orientada a enfrentar los riesgos asociados al manejo inadecuado de plaguicidas, debe considerar otros actores. Asimismo, las dependencias asociadas a estos objetivos, como las secretarías de Economía, Salud y Medio Ambiente (Semarnat), deberían hacer su parte y cumplir con su mandato de cuidar la salud y el ambiente.

Para Bejarano González, este primer paso no cumple con las demandas populares ni con las recomendaciones de organizaciones de base social, comunitaria, campesina, indígena y afromexicana, que en la reunión de Chinameca —donde se firmó el Acuerdo Nacional para una República Rural Justa y Soberana— establecieron una agenda para dar continuidad a la transición agroecológica de los sistemas agroalimentarios en el país, la cual inició en 2018 con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Todavía circulan plaguicidas altamente peligrosos

El director nacional de la RAPAM explicó que este decreto, que tiene todo el respaldo de la presidenta Sheinbaum, es un documento histórico, pero constituye un avance “muy limitado”, porque la lista de sustancias prohibidas fue elegida por la industria de plaguicidas, excluyendo el criterio de alta peligrosidad e incluyendo sustancias que ya habían sido prohibidas.

Decepcionó mucho. El DDT, por ejemplo, dejó de usarse en México legalmente desde hace muchos años y el uso que tenía ya no aparece. Desde 2016 se notificaba que el DDT ya no debería usarse […] Solo lo usaba Salud para control de paludismo”, expuso Fernando Bejarano.

Cabe recordar que en julio de 2025 la RAPAM, en colaboración con investigadoras de la Universidad Autónoma de Nayarit, publicó la Lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos autorizados en México y prohibidos en otros países 2025, elaborada con datos públicos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), comparados con dos listas internacionales de sustancias prohibidas e ingredientes activos con efectos graves a la salud que pueden causar enfermedades crónicas como cáncer y mutaciones, o bien afectar el desarrollo y la fertilidad, además de ser acumulables y letales.

Sin embargo, el decreto que prohíbe 35 plaguicidas de alto riesgo para la salud y el ambiente en México —publicado apenas un par de meses después de la lista de más de 200 PAP— no contempla la prohibición de plaguicidas altamente peligrosos y de mayor venta en el país, como el clorpirifos etilo. Esta sustancia fue acordada para su prohibición mundial en mayo de 2025 (Convenio de Estocolmo) por tratarse de un neurotóxico infantil que afecta el desarrollo neurológico y altera el sistema hormonal a muy pequeñas dosis, además de ser muy persistente, bioacumulable y transportarse a grandes distancias.

En contraste, el decreto nacional retiró una molécula (clorpirifos metilo) que ya había sido retirada del mercado desde hace muchos años.

Asimismo, Bejarano González enlistó al finopril como una sustancia urgente de prohibir, ya que existe suficiente evidencia científica que demuestra que mata a las abejas. De hecho, el Colegio de la Frontera Sur ha documentado su acción destructiva a partir de múltiples denuncias de apicultores y comunidades campesinas en la península.

Resulta preocupante que, en un documento que la SADER distribuyó entre organizaciones campesinas para informar sobre la publicación del decreto que prohíbe 35 plaguicidas altamente peligrosos, se exponga la “Lista de (20) plaguicidas que afectan a los polinizadores y que están incluidos en el Decreto para su prohibición”.

Aunque en ese mismo documento las autoridades reconocen que “los principales insecticidas causantes de muertes de abejas son: finopril, imidacloprid, tiametoxam y deltametrina”, también aceptan que “no se incluyen en el Decreto de prohibición, toda vez que son una opción viable para controlar diversas plagas de importancia agrícola”. Por ello, estas moléculas “se incorporarán en un mecanismo de venta controlada en el marco de la Estrategia Nacional para la Reducción y Uso Adecuado de Plaguicidas”.

Al respecto, el presidente de la RAPAM expresó su preocupación por la exclusión de estos plaguicidas en el decreto:

Al parecer ya hay gente (en SADER) que dice ‘esta es la decisión que hay que tomar’, pero si es una estrategia nacional y además se invita a Semarnat y Salud, hay que saber qué opinan las asociaciones de apicultores y los expertos que han medido este problema. No se pueden seguir tomando decisiones solo con el sector industrial; debe haber un mecanismo transparente para que todas las voces sean oídas, incluyendo a quienes dicen que ya hay alternativas a este y otros plaguicidas”.

Fernando Bejarano añadió que aún se encuentran pendientes acciones iniciadas en 2018, como definir el rumbo y actualizar el decreto presidencial que ponía fin al uso del glifosato, mismo que perdió vigencia al final del sexenio de López Obrador.

Además, está pendiente un nuevo reglamento para la autorización de plaguicidas, cuyo análisis inició en la pasada administración y que se espera continúe con una consulta pública, respondiendo a una visión progresista y con perspectiva de derechos humanos, armonizada con el pronunciamiento que México hizo al apoyar la formación de una Alianza Global sobre Plaguicidas Altamente Peligrosos.

Este pronunciamiento, que en su última reunión acordó nuevas acciones de cooperación para enfrentar el grave problema de la contaminación química —donde los plaguicidas son solo una parte—, colocó a México como uno de los países “más progresistas en América Latina”, consideró Fernando Bejarano, lo que demuestra que existen antecedentes de voluntad para avanzar en esta estrategia.

Que se abra el diálogo

La Estrategia Nacional para la Reducción y Uso Adecuado de Plaguicidas, que inició con la primera prohibición de 35 plaguicidas altamente peligrosos, comprende distintas etapas y nuevas listas de plaguicidas que serán prohibidas en el primer semestre de 2026 y en 2027, con claras restricciones para su venta y uso.

Frente a ello, el director de la RAPAM informó que aún no existe claridad sobre el momento en que podrán participar organizaciones de base social, comunitaria, campesina, académica y científica, en un diálogo que no solo se quede con los industriales de los plaguicidas.

Confiamos en que se va a hacer, y que se haga de forma más transparente, considerando a las comunidades campesinas y a investigadores que ya han demostrado que hay evidencia para producir sin venenos”, puntualizó.

Además, consideró necesario reactivar el Consejo Nacional de Producción Orgánica para participar en este diálogo abierto, así como sumar a grupos de empresarios que venden moléculas con menor peligrosidad y que ya cuentan con registros de Cofepris.

Porque solo se enfocaron en transnacionales que también tienen el control de las semillas y tienen un peso importante […] Debe haber un balance para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos”.

Otro punto fundamental —agregó— es definir canales de participación del sector académico que no tengan conflicto de interés con la industria, como la red temática de plaguicidas, laboratorios, expertos en el tema y personas dedicadas a la agricultura organizada que actualmente participan en cooperativas y otros mecanismos de certificación participativa.

Entre las dependencias que deberían sumarse, propuso, están la Procuraduría Agraria (PA), ya que la mayor parte del territorio agrícola está en manos de la propiedad social; así como la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihiti), para impulsar investigación básica que contribuya a la soberanía tecnológica. “La soberanía alimentaria también es soberanía tecnológica”, subrayó.

Nuevo Tratado de Libre Comercio, punto clave

Esta estrategia nacional, que busca una agricultura limpia, sostenible y segura, posee un alcance amplio porque puede determinar las condiciones en que se negocie el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Para Fernando Bejarano este punto es clave, dado que México aún conserva una arquitectura jurídica neoliberal que permite el despojo y que el mercado funcione eficientemente sin priorizar el bien común.

Sumar acciones auténticas, que no caigan en la simulación o exclusión, ayudaría a preparar un marco de negociaciones que brinde al país una posición más fuerte en esta materia.