El despojo de tierras en el Sureste, vicios de corrupción e impunidad

MÉXICO.- El Sureste mexicano enfrenta un grave problema de despojo de tierras, con más de 25 mil hectáreas arrebatadas a comunidades ejidales mediante corrupción y violencia. Según una investigación del Registro Agrario Nacional (RAN), durante más de cuatro décadas, empresarios, exfuncionarios y políticos han privatizado ilegalmente estos terrenos, algunos de ellos dentro de áreas naturales protegidas. Este fenómeno ha beneficiado a miembros de la élite económica y política, quienes han utilizado documentos falsos, asambleas amañadas y sobornos para apropiarse de tierras con alto valor turístico e inmobiliario.

Entre los principales implicados en este saqueo destacan Antonino Almazán Arteaga, exfuncionario agrario durante los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox; Rafael Acosta Solís, exsubprocurador de Justicia de Yucatán; y empresarios como Roberto Hernández, Alejandro Ramírez y Carlos Abraham Mafud. Estos personajes han recurrido a diversas estrategias para consolidar su dominio sobre terrenos ubicados en Quintana Roo, Yucatán y Campeche, aprovechándose de su cercanía con proyectos estratégicos como el Tren Maya, lo que ha incrementado su valor en el mercado.

El impacto del despojo ha sido desigual entre los estados afectados. Quintana Roo encabeza la lista con 12,817 hectáreas expropiadas en 14 ejidos de siete municipios, seguido de Yucatán con 11,785 hectáreas en 38 núcleos agrarios de 12 municipios. Campeche, aunque con menor afectación, ha perdido 641 hectáreas en tres ejidos. La corrupción ha sido un factor clave en este proceso, permitiendo que los responsables actúen con total impunidad. Según el informe del RAN, el poder económico de los acaparadores está directamente vinculado al poder político, lo que ha facilitado sus operaciones irregulares.

Uno de los personajes más notorios en este esquema es Antonino Almazán Arteaga, señalado como el mayor acaparador de tierras en el país. Su red de influencias le ha permitido acumular más de 5,000 parcelas en nueve ejidos del Sureste, utilizando al menos seis CURP falsas para registrar propiedades. Sus tierras, en muchos casos, han sido transformadas en hoteles de lujo que hoy pertenecen a empresarios como Roberto Hernández y Alejandro Patrón Laviada. De acuerdo con la investigación, Almazán no opera solo, ya que tres de sus hermanos también poseen tierras obtenidas de manera irregular.

A pesar de la magnitud del despojo, ninguno de los implicados ha enfrentado consecuencias legales. El informe del RAN destaca la complicidad de jueces, notarios y funcionarios de los tres niveles de gobierno en este esquema de corrupción. Mientras los campesinos pierden sus tierras, los nuevos terratenientes construyen complejos turísticos y residencias privadas sobre lo que antes fue territorio comunal. El saqueo de la tierra en el Sureste mexicano sigue su curso, sin que las autoridades tomen medidas para frenar esta crisis.

Con información de Luces del Siglo.