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Tribunal ordena peritaje por fracking en Papantla, paso clave hacia su prohibición en méxico
Esta práctica contamina el agua, el suelo, el aire y genera graves riesgos para la salud y la vida digna en el territorio nacional

PUEBLA, MÉXICO.- Con la primera orden judicial en México para realizar un peritaje en Papantla, Veracruz, que visibilice los impactos sociales, ambientales y culturales del fracking en los pueblos totonacos, se sientan las bases para su eventual prohibición constitucional. Esta práctica contamina el agua, el suelo, el aire y genera graves riesgos para la salud y la vida digna en el territorio nacional.
El pasado 6 de junio de 2025, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Veracruz ordenó el peritaje denominado “Diagnóstico socioambiental de los riesgos e impacto del uso de fracking”, a raíz de un juicio de amparo promovido por comunidades totonacas, con el acompañamiento de la organización TerraVida. Esta decisión constituye un “buen precedente” porque, “por primera vez en el ambiente jurídico, se reconoce el derecho al medio ambiente sano”, afirmó el abogado Xavier Martínez Esponda, quien lleva el caso.
En entrevista con LEVIATÁN y la revista LA CAMPIÑA, Martínez Esponda explicó que esta resolución judicial, que busca proteger el entorno como espacio donde se ejercen derechos fundamentales, toma en cuenta el principio precautorio y adapta las reglas del juicio de amparo para responder a los riesgos que los pueblos totonacos han denunciado por décadas.
El juez es experto en Derecho, pero cuando entran en juego otros saberes, se busca a un experto. En el juicio de amparo, las partes pueden nombrar un perito, pero el juez también deberá designar uno, y ese peritaje es el determinante”, explicó. Esta resolución llega casi 30 años después de documentarse el uso del fracking en la región totonaca. Aunque el juicio comenzó en 2023 por falta de información sobre permisos y actividades en la zona, se sabe que desde 1996 se ha aplicado esta técnica en más de la mitad de los más de 2,500 pozos existentes en Papantla.Para el abogado, a los pueblos totonacos no se les ha brindado información suficiente, completa y culturalmente adecuada. No obstante, las afectaciones —particularmente en el acceso al agua— han provocado una decisión firme: rechazar el fracking. “Para el pueblo totonaco, cualquier decisión que ponga en riesgo el agua es inaceptable”, afirmó. Además, recordó que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se pretende realizar un proyecto a gran escala —como los hidrocarburos— en territorios indígenas, no basta con la consulta previa: se requiere su consentimiento.
Sobre el fracking
La oposición al fracking por parte de diversos pueblos indígenas se debe a los riesgos evidentes: es una técnica para extraer gas atrapado en las rocas, que requiere un cóctel de agua con múltiples sustancias tóxicas. “Hay que buscar fuentes de agua y, una vez inyectado el cóctel, hay que derramarlo. Por un lado, se toma agua del subsuelo del Totonacapan, y por otro, se tira. Es un ciclo de muerte”, explicó Martínez. Por ello, añadió, el uso del fracking en México es un asunto que atañe directamente a la posibilidad de vivir con dignidad. Aunque la resolución judicial ofrece esperanza a los 14 pueblos totonacos que demandan justicia, e inspira a otras comunidades, todavía falta un largo camino para que se prohíba constitucionalmente.Hay un escenario cotidiano de lesión de derechos humanos, y las personas tenemos derecho a que esto no ocurra”, puntualizó.Según Martínez, el contexto internacional muestra que la industria de hidrocarburos no ha perdido fuerza, y que la lucha contra el fracking se percibe como un conflicto regional, a pesar de las múltiples denuncias por sus impactos ambientales.
Si en verdad estamos comprometidos con los derechos, necesitamos dejar los hidrocarburos y dejar el fracking. Esta decisión judicial puede escalar y transformar el marco jurídico y la política nacional, pero todavía falta mucho”, concluyó.