México ha vivido presiones internas y externas por el maíz transgénico: Erica Hagman

PUEBLA, MÉXICO.- Cuando México estableció acciones para frenar la importación de maíz transgénico para consumo humano, dados los daños y riesgos para la salud humana y el ambiente, surgieron presiones internas y externas que aún prevalecen en este sexenio.

Cuando a mediados de la década de los noventa inicia la siembra de maíces transgénicos en México, la academia expresa sus preocupaciones por estas prácticas, hasta entonces ocultas, y éstas hacen eco en las comunidades campesinas e indígenas, quienes comienzan un movimiento en defensa del maíz nativo y la riqueza biocultural asociada a esta semilla.

Es la autodeterminación del pueblo de México que quería y quiere agroecosistemas saludables”, afirma la bióloga e investigadora Érica Hagman Aguilar.

Sin embargo, pasaron 30 años para ser escuchados por el gobierno. Fue hasta el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia cuando se anunciaron medidas concretas y se emitieron dos decretos presidenciales para prohibir el uso del maíz genéticamente modificado para consumo humano, así como diversas acciones para eliminar el uso de glifosato y otros agroquímicos.

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Para la investigadora y también ex directora de Políticas y Normativa de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), México vivió presiones internas al haber desafiado al oligopolio industrial comprendido por cuatro empresas internacionales que controlan todo el mercado de agroinsumos, semillas, fertilizantes químicos, plaguicidas e incluso maquinaria, “con el propósito de proteger la salud, el ambiente y la riqueza biocultural por encima de intereses comerciales”.

Ejemplo de estas presiones, dijo Hagman, fue cuando el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) asociado con la agroindustria “paso el sombrero para juntar dinero para demandarnos y también para impulsar las campañas de desinformación mediática basadas en falacias”. Fue así como el Estado mexicano enfrentó más de 30 juicios de amparo en contra del decreto presidencial que López Obrador emitió el 31 de diciembre de 2020 (que establecía la eliminación progresiva del maíz transgénico y la prohibición de su uso para consumo humano) y seis para el publicado el 13 de febrero de 2023 (que abroga el del 2020 en la misma materia).

Aunque en la mayor parte de estos juicios de amparo los jueces fueron al fondo y dieron la razón al Estado mexicano, también se sumó la presión al interior del gabinete obradorista. Por ejemplo, cuenta Hagman Aguilar, “hubo quienes no aplicaron el decreto como Víctor Villalobos, ex titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); sencillamente, en cuanto al glifosato, (el exfuncionario) no quiso difundir las alternativas que se detectaron en México”.

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Aunado a estas presiones internas, México vivió las externas provenientes de la agroindustria de Estados Unidos, mediante campañas de desinformación y el panel de controversia del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), el cual falló en nuestra contra en una resolución emitida el 20 de diciembre de 2024, la cual abre las puertas a los maíces transgénicos a territorio nacional.

Para Erica Hagman, esta resolución del panel de controversia del T-MEC fue un pronunciamiento “no sobre el tema científico; únicamente vio si el decreto (presidencial) era o no compatible con las medidas que están establecidas en el T-MEC, valga decir, que están sesgadas”.

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Para la investigadora, las bases jurídicas del decreto fueron muy sólidas porque se fundamentan en la propia Constitución Política de México, diversos tratados de derechos humanos, leyes federales y generales y, en el marco del derecho internacional, en los ámbitos: comercial, ambiental y de derechos humanos. “Los decretos son instrumentos de protección de derechos humanos y eso es lo que es muy reconocido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Los derechos humanos están interrelacionados, pero se enfocan en proteger el derecho a una vida digna, el derecho a una alimentación sana, nutritiva, suficiente, de calidad y culturalmente adecuada; el derecho al acceso al agua potable, a la salud, a un medio ambiente sano, sin riesgo, limpio, saludable y sostenible; y los derechos de poblaciones vulnerables como la niñez, la adolescencia, los campesinos y otras personas que trabajan en el campo”, concluyó Hagman Aguilar.

Con esta reflexiones, la investigadora mexicana participó en el foro “¿Quién toma acciones contra el glifosato para combatir la pandemia de RAM?”, coorganizado por el El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), el Instituto de Información y Negociaciones Comerciales de África Meridional y Oriente (SEATINI) de Uganda y la Sociedad para el Desarrollo Internacional (SID) con sede en Roma.