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Procuraduría Agraria impulsa cambios fiscales para fortalecer cooperativas y economía social en el campo mexicano

Víctor Suárez Carrera encabezó una mesa de diálogo con legisladores, dependencias y organizaciones para promover incentivos fiscales que fortalezcan el cooperativismo, reduzcan la intermediación y consoliden a ejidos y comunidades como sujetos económicos dentro de las cadenas de valor.

05/08/2026 10:25 am
Redacción La Campiña

MÉXICO.- El procurador agrario Víctor Suárez Carrera encabezó una mesa de diálogo con legisladores federales, dependencias públicas y organizaciones de productores para analizar modificaciones fiscales que impulsen el cooperativismo y fortalezcan la transformación de los sujetos agrarios en sujetos económicos, capaces de integrarse plenamente a las cadenas de valor del país.

Durante el encuentro, realizado en las instalaciones de la Procuraduría Agraria, se destacó que la organización de ejidatarios, comuneros y productores es clave para generar mayor valor en los territorios rurales y mejorar las condiciones de quienes producen los alimentos de las y los mexicanos.

Participaron los diputados federales Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y Javier Guízar Macías, integrante de la misma comisión. Ambos dialogaron con representantes institucionales y organizaciones productivas sobre acciones para fortalecer la economía social, facilitar la comercialización directa y acercar servicios que permitan obtener documentos fiscales como el RFC, reducir la intermediación y asegurar que el valor generado llegue directamente a las comunidades.

En la mesa se compartieron experiencias de cooperativismo, empresas sociales, manejo forestal comunitario, turismo comunitario, cajas de ahorro y otras prácticas sustentables que fortalecen la propiedad social y generan valor agregado en los territorios.

Las y los participantes subrayaron que estas acciones se sustentan en el sector social de la economía, reconocido en el artículo 25 constitucional, que establece que el Estado debe apoyar a las empresas sociales bajo criterios de equidad, productividad y sustentabilidad.

Se destacó que fortalecer la organización económica de ejidos y comunidades es una vía para impulsar el desarrollo territorial con justicia social, sostenibilidad y bienestar compartido, además de consolidar iniciativas como las empresas forestales comunitarias y el turismo comunitario, fundamentales para el desarrollo sostenible del territorio mexicano.

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