Aprueban en comisiones proyecto de reformas para expedir nueva Ley General de Aguas en México
Debido a las movilizaciones, el dictamen fue aprobado en menos de dos horas y dejó espacio únicamente para una ronda de intervenciones, realizada entre consignas confrontadas entre legisladores morenistas y los de oposición (PRI y PAN)
MÉXICO.- En medio de protestas y bloqueos, este 3 de diciembre de 2025 se aprobó, en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento de la Cámara de Diputados, el dictamen a la iniciativa del Ejecutivo que propone expedir una nueva Ley General de Aguas en México y reformar la Ley de Aguas Nacionales vigente.
Con 28 votos a favor y 10 en contra, el dictamen se remitió a la Mesa Directiva para que comience su deliberación en el pleno legislativo.
A sabiendas de que hoy sería discutida esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo —que busca hacer del agua un derecho humano y no una mercancía, remontando el marco jurídico que prevalecía desde el salinato—, distintas organizaciones campesinas se movilizaron alrededor de la Cámara de Diputados, bloqueando calles y accesos para exigir que sus demandas sean tomadas en cuenta.
Debido a las movilizaciones, el dictamen fue aprobado en menos de dos horas y dejó espacio únicamente para una ronda de intervenciones, realizada entre consignas confrontadas entre legisladores morenistas y los de oposición (PRI y PAN).
La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ha incorporado más de 50 cambios que, a decir de diversas organizaciones sociales —incluso aquellas afines a la Cuarta Transformación—, no profundizan en la regulación necesaria ni en el desmantelamiento del mercado negro de concesiones agrícolas.
La llamada reforma a la Ley de Aguas constituye dos cambios importantes. Por un lado, la expedición de una nueva Ley General de Aguas, discutida desde hace más de 13 años, que sería el marco constitucional del derecho humano al agua en México. Esta ley regularía las atribuciones de la Federación en torno al agua y obligaría a expedir leyes locales en cada estado, conforme al principio del derecho humano que la rige.
Por otro lado, contempla reformas a la Ley de Aguas Nacionales —aprobada a principios de los años noventa—, que hasta hoy administra los recursos hídricos del país mediante figuras jurídicas como concesiones, asignaciones y permisos. Esta reforma incorporaría la figura de “reasignación”, donde se concentra la mayor controversia entre los “dueños” del agua.
Por ejemplo, el diputado Francisco Pelayo (PAN) explicó que aún no queda clara para las y los campesinos del país la reglamentación interna de las transferencias en los distritos de riego.
A destacar
La presidenta de México afirmó que los cambios al marco jurídico del agua buscan proteger este recurso, evitar su sobreexplotación y garantizar el consumo humano como un derecho, y no como una mercancía, como ha sucedido durante años, especialmente por parte de acaparadores.
