México autoriza 210 plaguicidas altamente peligrosos, 171 prohibidos en otros países
Organizaciones exigen una estrategia nacional para prohibir progresivamente sustancias tóxicas que afectan la salud y el ambiente
MÉXICO.— En México, 210 ingredientes activos de plaguicidas altamente peligrosos (PAP) están autorizados para su uso agrícola, de los cuales 171 han sido prohibidos o no autorizados en otros países por sus efectos tóxicos para la salud humana y el medio ambiente. Así lo revela la publicación Lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos autorizados en México y Prohibidos en otros Países 2025, elaborada por el Dr. Fernando Bejarano González (RAPAM A.C.) con la colaboración de investigadoras de la Universidad Autónoma de Nayarit.
El informe, basado en criterios internacionales como los de la FAO-OMS y PAN Internacional, urge a las autoridades mexicanas a aplicar la Recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que plantea una estrategia nacional de prohibición progresiva de PAP.
“El clorpirifos, un insecticida neurotóxico infantil, ya fue prohibido a nivel mundial en el Convenio de Estocolmo. Urge excluirlo de la lista de recomendados por CENAPRECE”, advirtió la Dra. Aurora Rojas.
Entre las sustancias señaladas como prioritarias a prohibir están el clorpirifos, los neonicotinoides imidacloprid y tiametoxam —relacionados con la muerte masiva de abejas—, así como el herbicida glifosato, catalogado como probable carcinógeno.
El informe también denuncia que no existe un registro público actualizado del uso real de estos plaguicidas en el país, pero se estima que 19 de los 30 productos más vendidos en México son PAP, muchos con permisos indefinidos.
En cuanto a toxicidad crónica, se identifican 45 plaguicidas probables cancerígenos, 42 tóxicos para la reproducción humana y 46 alteradores hormonales. A nivel ambiental, se detectan 79 productos muy tóxicos para las abejas y 17 para organismos acuáticos.
Las y los autores hacen un llamado urgente a COFEPRIS, SADER y SEMARNAT a:
- Actualizar el Reglamento de Plaguicidas.
- Elaborar programas nacionales sectoriales con objetivos claros y medibles.
- Crear un sistema nacional de información y vigilancia pública sobre el uso y los impactos de los PAP.
- Profundizar una política de transición agroecológica que garantice el derecho a una alimentación sana, libre de agrotóxicos.
La omisión del Estado, concluyen, constituye una violación a múltiples derechos humanos, en especial los de grupos históricamente vulnerables como niñas y niños, personas gestantes, comunidades indígenas y trabajadores del campo.
🔎 Consulta el informe completo en: www.redtoxicologiadeplaguicidas.org
