Reformas constitucionales: reconocimiento a las luchas campesinas

MÉXICO.- La Constitución es el documento que define los derechos de la ciudadanía y las obligaciones del Estado. Su contenido no es estático, refleja las luchas sociales y políticas que moldean a una sociedad. Este proceso ha sido evidente desde la Constitución de 1917, al quedar plasmadas las demandas campesinas de tierra, justicia y libertad como derechos fundamentales en México. Ahora, en 2024, las nuevas reformas constitucionales reconocen al campo como un sector clave para el desarrollo del país.

La Constitución de 1917 surgió como respuesta a los movimientos sociales que acompañaron la Revolución Mexicana. En ella, la lucha de campesinas y campesinos resultó en la incorporación de principios como el acceso a la tierra y la justicia social. Estos derechos sentaron las bases para una extensa reforma agraria, servicios públicos (educación y salud) y un entramado institucional que impulsó el desarrollo agropecuario y económico de México durante la primera mitad del siglo XX.

Pero el avance del modelo neoliberal a finales del siglo XX relegó al campesinado en la toma de decisiones y, de esta manera, debilitar su influencia política y reducir su capacidad de incidencia en la vida pública. Pese a este retroceso, a finales del siglo pasado y principios del XXI se lograron visibilizar las demandas del sector rural y reabrir el debate sobre sus derechos a través de las movilizaciones campesinas como el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y movimientos como Sin Maíz no Hay País y Ayotzinapa.

En 2018 se implementaron políticas públicas enfocadas al impulso del campo con los programas Producción y Fertilizantes para el Bienestar, Bienpesca y Precios de Garantía. Estas iniciativas tuvieron amplio respaldo por parte de las campesinas y los campesinos del país, lo que llevó a la Cuarta Transformación a proponer una reforma constitucional que garantizara su permanencia.

Fue así como el 5 de febrero de 2024 se presentó el decreto para reformar los artículos 4 y 27 de la Constitución y, con ello, elevar a rango constitucional los programas destinados al campo. La iniciativa fue aprobada por el Congreso el pasado 30 de octubre de 2024, ratificada por los Congresos locales el 26 de noviembre y promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 2 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación. Con esta reforma, el Estado reafirma su compromiso de garantizar a las personas trabajadoras del campo una vida digna y justa.

Esta trayectoria histórica, desde 1917 hasta 2024, muestra que los derechos fundamentales en la Constitución no son dádivas, sino conquistas sociales como resultado de la lucha colectiva. En el caso del campesinado, estas reformas reflejan la importancia de su papel en la política, la economía y la sociedad. El reconocimiento constitucional a sus demandas no solo fortalece al sector rural, sino que también reafirma la obligación del Estado de velar por su bienestar y dignidad.