Transnacionales evaden vigilancia judicial en cultivos experimentales
PUEBLA, MÉXICO.- A ocho años de haber iniciado desde colectivos ambientalistas la defensa del maíz nativo, este 22 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó la discusión para ratificar la Medida Precautoria que impide dar permiso a la siembras de semillas genéticamente modificadas (GM), asociadas con productos cancerígenos, y que tendrá que resolver en la próxima semana.
Los ministros tendrán que decidir si se mantiene la suspensión de siembra de maíz GM, ordenada por diez tribunales federales luego de que ambientalistas, científicos, campesinos y organizaciones defensoras de derechos humanos manifestaran su oposición a los transgénicos tras comprobar que son perjudiciales tanto para las semillas nativas como para la salud de las personas.
Al respecto, René Sánchez Galindo, integrante de la Colectividad Demandante en Defensa del Maíz Nativo (CDDMN), recordó en entrevista para LA CAMPIÑA que desde 2013 lograron que no se siembre maíz transgénico “por lo menos no legalmente”.
Tras ello, empresas trasnacionales han presentado impugnaciones argumentando una “supuesta finalidad de innovación tecnológica y científica en supuesto beneficio general”, tal como informó la CDDMN.
Ante las impugnaciones, los tribunales federales sostienen desde marzo de 2016 que las siembras experimentales de maíces GM “podrían ser útiles para recabar elementos de prueba que demuestren los efectos (positivos o negativos)”, otorgando así elementos para decidir” si pueden permitirse o no.
Frente al hecho, la CDDMN acusó en un comunicado que las transnacionales han evadido la vigilancia judicial en siembra experimental por cinco años.
“Monsanto y otras trasnacionales han evadido por cinco años solicitar permisos de siembras experimentales para evitar que su tecnología sea evaluada en posibles lugares de siembra, y han eludido reportar mensualmente los datos de control y seguridad de su tecnología ante los Tribunales Federales, por tanto, han evitado que las comunidades científicas y campesinas les cuestionen a través de sus personas abogadas y frente a los Tribunales”.
Parte del análisis que hará la SCJN deberá incluir que en marzo de 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud estableció al glifosato como probable cancerígeno.
Cabe recordar que el primero de enero de 2021 entro en vigor el decreto presidencial que pide la sustitución gradual del glifosato en México y su eventual eliminación a cuatro años, así como la prohibición del maíz genéticamente modificado.
“El hecho de que el gobierno haya tomado la decisión de dejar de comprar glifosato es muy importante, y hacia 2024 están buscando que ya esté completamente prohibido en el país consumir agrotóxicos”, dijo Sánchez Galindo.
La discusión de la SCJN también deberá estudiar si los argumentos que la agroindustria trasnacional ha presentado a los Tribunales merecen credibilidad, pues “a cinco años y medio de poder hacer uso experimental de su tecnología, ha preferido mantenerla oculta a la confrontación judicial”.
Rumbo al Día Nacional del del Maíz que se conmemora el próximo 29 de septiembre, René Sánchez confío en que la SCJN tome una decisión favorable, además señaló importante la visibilización que harán sobre el tema los colectivos en defensa del maíz criollo el próximo miércoles.
“Que todos los colectivos hagan publico la situación que estamos viviendo, donde las empresas transnacioanales se oponen a las decisiones del Poder Judicial y presionan a estos poderes. Mientras la ciudadanía haga mas eco de la defensa de nuestro maíz criollo, ayudarán a la defensa de nuestra nación”.
Finalmente, consideró que es una obligación para la sociedad civil defender los maíces nativos, por lo que exhortó a sumarse al cuidado de la misma par dejar un legado de soberanía alimentaria a próximas generaciones.
“Es muy importante que conozcamos nuestra riqueza natural, es nuestra obligación. Nosotros gozamos de esta riqueza genética del maíz única que nos permite tener una gran diversidad alimentaria y es nuestra obligación cuidarla para siguientes generaciones”.
