Las viñas del poder

Este reportaje especial de HuffPost México, auspiciado por Connectas y el International Center for Journalists revela, a través de documentos oficiales, el uso personal que dieron tres miembros de la clase política mexicana a los recursos destinados para el desarrollo del campo y las pequeñas empresas.

• Sin saberlo, los mexicanos hemos invertido 7.73 millones de pesos de nuestros impuestos en la construcción y equipamiento de vinícolas de políticos de alto nivel, en el Valle de Guadalupe.

MÉXICO.- Escondido entre montañas áridas y rocosas de Baja California, se encuentra el Valle de Guadalupe, la principal región vinícola de México, y hogar para más de 70 bodegas que producen el 90 por ciento del vino del país.

Ubicado en el municipio de Ensenada, esta zona se ha convertido en una especie de paraíso mexicano para viticultores, gastrónomos y empresarios innovadores, que trabajan articulados para impulsar la industria y elevar la calidad de sus productos, al mismo tiempo que trabajan por proteger el ecosistema y el desarrollo turístico de la región.

También se han unido para lograr que el vino mexicano se encuentre en su mejor momento, pero ha sido una lucha de años frente a retos como el pago de impuestos arriba del 46%, dejándolo en desventaja frente al vino importado.

La mala noticia del boom del vino, y de la actividad turística que genera más de un millón de visitas al año, es que esta tierra prometida no se está pudiendo salvar de la corrupción.

Algunas de las empresas vinícolas esconden secretos: pertenecen a políticos mexicanos y fueron construidas o equipadas con recursos públicos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la Secretaría de Economía, destinados a impulsar el sector agrícola y a los emprendedores nacionales.

Esta situación deja en desventaja a productores alejados de los círculos gubernamentales que administran los recursos federales. Para el vitivinicultor bajacaliforniano, Jaime Palafox, es muy difícil acceder a los fondos públicos de la Sagarpa, pues no hay mecanismos claros ni transparentes para solicitarlos.

“Son recursos públicos, requieren transparencia y que se ejerza correctamente, de otra manera hay un dispendio”, expuso Palafox, integrantes de una de las familias con mayor tradición enológica en la región.

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En febrero de 2014, Palafox y un grupo de vitivinicultores locales viajaron a la Ciudad de México para interponer su solicitud de recursos a la Sagarpa, pero se encontraron una fila de dos cuadras de largo. De no ser por un agricultor que abandonó la fila enojado por la falta de apertura de la dependencia federal, no hubieran alcanzado un turno para someter su proyecto. Aun así la respuesta fue negativa.

“¿Qué tenemos que hacer para acceder a recursos?”, cuestiona enfadado. Después de cuatro años de no participar en una convocatoria.

Como mostraremos a continuación, algunos políticos han podido obtener cinco apoyos federales cinco años seguidos. Otros han logrado aterrizar recursos para infraestructura pública y los han destinado a beneficio de sus empresas vinícolas, en algunos casos, contratando a sus propias empresas para ejercer los recursos provenientes del erario federal.

“Tenemos un compromiso sólido, férreo, con el tema de la transparencia y la rendición de cuentas”, fueron las palabras que pronunció César Camacho Quiroz en el vestíbulo de la Cámara de Diputados, momentos antes de la sesión ordinaria del martes 24 de noviembre de 2015.

El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional hablaba sobre austeridad, responsabilidad y decoro desde sus primeros días como diputado, incluso lo hacía desde que era presidente del partido. “Es necesario abrir puertas y ventanas para que los mexicanos sepan cómo y en qué se invierten los recursos públicos”, declaró meses atrás.

Dos días después de la sesión, la mañana del jueves 26 de noviembre, Juan Carlos Guevara, socio de Camacho en Compañía Agroindustrial Vinícola S.A de C.V. firmó la recepción de una transferencia de 2 millones 269 mil 51 pesos emitida por el gobierno federal para la construcción de un edificio que albergaría su empresa productora de vinos Hilo Negro.

Los recursos públicos provenían del Fideicomiso de Riesgo Compartido de la Sagarpa, como parte del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, creado para impulsar la productividad de ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios.

Al recibir los fondos públicos, César Camacho violó el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. La sanción establecida para los actos que impliquen beneficio o lucro es la inhabilitación para desempeñar cargos públicos de diez a veinte años.

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