Nueva Ley de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos fortalece propiedad social y libre determinación

CIUDAD DE MÉXICO.— La Procuraduría Agraria realizó la 13.ª conferencia del ciclo “Rescate, Defensa y Revalorización de los Ejidos y Comunidades Agrarias”, donde especialistas y autoridades coincidieron en que la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos constituye una oportunidad histórica para fortalecer la propiedad social, la libre determinación y el reconocimiento pleno de los derechos colectivos.

El procurador agrario, Víctor Suárez Carrera, destacó que la consulta previa, libre e informada anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo marca “un antes y un después” en la relación del Estado con los pueblos indígenas y afromexicanos. Recordó que más de 16 mil 200 núcleos agrarios del país cuentan con población indígena, por lo que la nueva legislación tendrá un impacto directo en el sector agrario.

El director general del INPI, Adelfo Regino Montes, presentó los alcances de la iniciativa y el plan de consulta nacional. Subrayó que la ley busca garantizar el ejercicio efectivo de la autonomía, el territorio, la participación comunitaria y la libre determinación, en cumplimiento del mandato constitucional y compromisos internacionales.

Durante la conferencia, el titular de la Unidad de Culturas Vivas, Diego Prieto Hernández, enfatizó que el reconocimiento de los derechos colectivos es indispensable para construir una nación pluricultural, democrática y con justicia social. En tanto, el magistrado del Tribunal Superior Agrario, Guadalupe Espinoza Sauceda, destacó la trascendencia jurídica de la iniciativa para consolidar un nuevo paradigma de justicia agraria con enfoque intercultural.

El encuentro, transmitido en las 32 entidades federativas y en las 116 residencias de la Procuraduría Agraria, contó con la presencia de comuneras y comuneros de San Pedro Tlanixco, cuya participación simbolizó la fuerza histórica de los pueblos en la defensa del territorio y la vida comunitaria.

Las y los participantes coincidieron en que la nueva ley permitirá fortalecer a los ejidos y comunidades agrarias como sujetos colectivos de derecho y actores fundamentales de la transformación nacional.

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