Maíz en disputa: acusan que convocatoria federal abre puerta a edición genética pese a prohibición constitucional
La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País denunció que la Convocatoria Nacional de Investigación 2026 de la SECIHTI introduce conceptos ambiguos para permitir la edición genética del maíz, pese a la reforma constitucional de 2025 que prohíbe su modificación. También alertó sobre riesgos de biopiratería por la digitalización de semillas nativas sin consentimiento comunitario.
MÉXICO.- El debate sobre el maíz volvió al centro del territorio. Y, en esta ocasión, la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País (CNSMNHP) acusó a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) de intentar eludir la prohibición constitucional sobre maíces genéticamente modificados mediante el uso de términos técnicos ambiguos en su Convocatoria Nacional de Investigación 2026.
El señalamiento se concentra en el Eje 7, denominado “Soberanía Alimentaria”. Según la organización, el documento introduce expresiones como “edición genética sin candados” o “técnicas que no superan barreras naturales”, conceptos que —afirman— carecen de consenso científico y buscan diferenciar la edición genética de la modificación transgénica para evadir el alcance del Artículo 4º constitucional, reformado en 2025 para proteger al maíz nativo.
Para la campaña, la edición genética implica una alteración del genoma y, por tanto, constituye una forma de modificación prohibida en el caso del maíz. La preocupación central es que, bajo el argumento de fomentar la agrobiodiversidad, la convocatoria no excluye explícitamente al maíz de los proyectos de generación de “nuevas variedades”, lo que permitiría el uso de recursos públicos para su manipulación en laboratorios.
El señalamiento no se limita al campo técnico, pues la CNSMNHP advierte que el impulso a la “secuenciación genética de especies nativas” sin un marco regulatorio robusto podría facilitar la apropiación digital de semillas originarias. Al convertir el código genético en datos, sostienen, se abre la puerta a que empresas utilicen esa información sin consentimiento previo, libre e informado de las comunidades que han resguardado esas variedades durante generaciones.
Desde la perspectiva territorial, el conflicto no es solo científico ni jurídico. El maíz es base alimentaria, identidad cultural y eje productivo en miles de comunidades campesinas e indígenas. Cualquier intervención sobre su integridad genética impacta directamente en sistemas de siembra, intercambio y conservación que sostienen economías locales y prácticas comunitarias.
La campaña exige la exclusión explícita del maíz de cualquier técnica de edición genética que altere su integridad, la eliminación de términos que generen ambigüedad normativa y una moratoria a la secuenciación digital de especies nativas hasta contar con garantías de soberanía y reparto justo de beneficios.
El punto de tensión es claro, ya que si la política científica puede redefinir, mediante el lenguaje técnico, los límites fijados por la Constitución; o si la protección del maíz —como patrimonio biocultural— debe interpretarse de manera estricta.
En un país donde el maíz no es solo cultivo sino territorio, la discusión trasciende el laboratorio.
