Reconocer el agua como bien común: comunidades y especialistas obligan al Congreso a replantear la reforma hídrica

MÉXICO.- La discusión por la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) llegó a un punto de inflexión: el Congreso ya no podrá ignorar a quienes viven, trabajan y defienden el agua desde los territorios. Tras cuatro días de audiencias públicas, en las que se recibieron más de 450 ponencias, legisladores anunciaron modificaciones de fondo a una iniciativa que, según pueblos, ejidos y especialistas, reforzaba la concentración del recurso y debilitaba sus derechos colectivos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, admitió que la propuesta presidencial sufrirá “cambios sustanciales” para atender las inquietudes del sector agrícola, urbano e industrial. Pero más allá de los actores institucionales, fue la voz de las comunidades indígenas, afromexicanas y núcleos agrarios la que marcó el debate: el agua no es mercancía, sino un bien común y un derecho que se ejerce colectivamente.

En el Grupo de Trabajo Zona Centro, la diputada Leticia Barrera Maldonado (PRI) lo dijo con claridad: la reforma en su estado original no garantizaba el derecho humano al agua; por el contrario, “amenaza directamente la vida del campo, de los núcleos agrarios y de millones de usuarios rurales que dependen del agua para vivir y producir”.

La advertencia no fue aislada. A lo largo de las audiencias, comunidades agrarias, pueblos indígenas, ejidos y colectivos de defensa hídrica reiteraron un punto crucial: el régimen jurídico actual, centrado en concesiones individuales y trámites administrativos, no ha protegido ni garantizado los derechos históricos de gestión comunitaria del agua.

Por eso, exigieron que la nueva legislación incluya el reconocimiento pleno y vinculante de los derechos colectivos al agua, considerados inalienables, imprescriptibles e inembargables. Pedidos concretos surgieron desde todas las regiones: evitar que las concesiones privadas sigan apropiándose de manantiales comunitarios; garantizar que los sistemas comunitarios de agua sean reconocidos como autoridades legítimas; y establecer mecanismos de participación con voz y voto de los pueblos en los organismos de cuenca.

“Hoy existe un grupo que se ha apoderado del agua: los grandes dueños de mineras, lecheras, refresqueras y embotelladoras”, afirmó el diputado José Narro Céspedes (Morena), quien reconoció que la iniciativa original no enfrentaba el problema de fondo: la privatización silenciosa del agua y la desigualdad hídrica que recorre al país.

En paralelo, organizaciones como la Contraloría Autónoma del Agua de La Laguna insistieron en que cualquier reforma debe priorizar los volúmenes para ejidos, comunidades y pueblos, especialmente en regiones donde la sobreexplotación de cuencas pone en riesgo la vida misma.

Las propuestas coincidieron en lo esencial: sin justicia hídrica y sin reconocimiento del agua como patrimonio común, no habrá reforma que garantice la supervivencia de los territorios.

En palabras de representantes del sur del país, debe integrarse de manera explícita a las comunidades indígenas y afromexicanas en la toma de decisiones, bajo los principios de progresividad, no regresión y no discriminación.

Lo que se juega en el Congreso no es solo la redacción de una ley, sino el modelo de país que queremos: uno en el que el agua siga concentrándose en manos privadas, o uno que reconozca que la historia, la vida y los territorios se sostienen gracias a sistemas colectivos que llevan generaciones cuidándola.

Por ahora, el dictamen está en proceso. Las comunidades ya hicieron su parte: documentar, denunciar, proponer. Ahora es turno de los legisladores responder a la altura de un país donde el agua dejó de ser un recurso: es un límite civilizatorio.