Decreto que prohíbe 35 plaguicidas en México es insuficiente y protege a la industria: RAPAM
Las redes señalaron que la mayoría de los plaguicidas incluidos en la lista ya habían sido retirados de los mercados internacionales y tenían sus registros cancelados en México.
CIUDAD DE MÉXICO.— El decreto presidencial publicado el 4 de septiembre de 2025, que establece la prohibición de 35 plaguicidas obsoletos en México, ha sido calificado como insuficiente y limitado por la Red Temática de Toxicología de Plaguicidas, la Red ESPESIES y la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM).
De acuerdo con estas organizaciones académicas, la medida “fue presentada como un avance en la protección de la salud y el ambiente, pero en realidad responde más a los intereses de la industria que a una política integral de protección a la población”.
Plaguicidas obsoletos, no un cambio real
Las redes señalaron que la mayoría de los plaguicidas incluidos en la lista ya habían sido retirados de los mercados internacionales y tenían sus registros cancelados en México. Por lo tanto, la prohibición no representa un cambio sustancial ni impacta en el uso de los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) que continúan comercializándose de manera indiscriminada en el país.
Actualmente, en México siguen vigentes más de 200 plaguicidas altamente peligrosos, cuya exposición ha sido asociada con cáncer, daños neurológicos, alteraciones endocrinas y reproductivas, además de severos impactos en la biodiversidad, como la muerte masiva de abejas vinculada al uso de fipronil y otros neonicotinoides.
Crisis estructural en el modelo agrícola
Las organizaciones alertaron que el decreto no aborda el problema de fondo: la dependencia de un modelo agrícola intensivo basado en agroquímicos tóxicos, que afecta de manera desproporcionada a comunidades rurales, mujeres, trabajadores del campo y la niñez.
México, añadieron, mantiene un rezago en materia regulatoria frente a otros países que han avanzado hacia políticas más amplias y coherentes con la evidencia científica.
Derechos humanos en riesgo
En su pronunciamiento, las redes recordaron que el Artículo 4 de la Constitución Mexicana obliga al Estado a garantizar el derecho a la salud, a un medio ambiente sano, a una alimentación de calidad y al acceso a agua saludable.
“Prohibir 35 plaguicidas obsoletos no resuelve la crisis estructural ni protege efectivamente la vida, la salud ni el ambiente. Urge una coherencia regulatoria que ponga en el centro los derechos humanos y no los intereses de la industria agroquímica”, señalaron.
Compromiso académico
La Red Temática de Toxicología de Plaguicidas, integrada por más de 100 académicos de universidades y centros de investigación desde 2015, y la Red ESPESIES, enfocada en la salud planetaria ante amenazas ambientales y climáticas, reiteraron su compromiso de aportar evidencia científica y propuestas para avanzar hacia una política integral de regulación de plaguicidas.
“La salud no se negocia. La equidad y la protección al ambiente tampoco”, concluye el documento.
