Reconoce la Procuraduría Agraria al manejo forestal comunitario como clave para la justicia agraria y la defensa del territorio
Más del 50% de los bosques de México están en manos de ejidos y comunidades agrarias; especialistas coinciden en la urgencia de fortalecer la propiedad social frente a amenazas ambientales y económicas.
MÉXICO.- En la segunda conferencia del ciclo “Rescate, defensa y revalorización de los ejidos y comunidades agrarias”, organizada por la Procuraduría Agraria, se destacó al manejo forestal comunitario como una herramienta estratégica para la justicia agraria, la defensa de la propiedad social y el desarrollo sustentable del país.
El procurador agrario, Víctor Suárez Carrera, abrió la jornada recordando que más del 50% de los bosques y selvas de México están en manos de núcleos agrarios, lo que convierte al manejo comunitario en un eje fundamental de soberanía territorial. “Donde hay propiedad social, hay esperanza, resistencia y vida digna”, afirmó.
De acuerdo con datos presentados por Sergio Humberto Graf Montero, titular de la Conafor, el 96% de los predios con aprovechamiento maderable y el 77.6% de la superficie forestal certificada se encuentran bajo propiedad social, lo que demuestra el papel central de las comunidades en la conservación de los ecosistemas.
Durante el encuentro, se advirtió sobre las amenazas crecientes que enfrentan estos territorios: presión inmobiliaria, agroindustrial y del crimen organizado. En este contexto, se hizo un llamado a fortalecer la gobernanza comunitaria, ampliar el acceso a financiamiento justo y garantizar la continuidad del modelo forestal en medio de retos como el cambio generacional y la inseguridad.
Casos de éxito como Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, e Ixtlán de Juárez, Oaxaca, fueron compartidos por sus autoridades comunales. Ambas comunidades han demostrado que el manejo forestal comunitario no solo protege el medio ambiente, sino que genera empleo digno, impulsa empresas sociales, conserva la identidad cultural y refuerza el tejido comunitario.
Juan Manuel Torres Rojo, académico de la Universidad Iberoamericana, definió el modelo como un sistema socioambiental de doble propósito, que combina la generación de ingresos con la conservación del bosque, y cuya viabilidad depende de la innovación organizativa, la justicia comercial y el respaldo institucional.
Finalmente, Salvador Anta Fonseca, de la Conafor, reafirmó que el manejo forestal comunitario debe consolidarse como una política de Estado, al reconocer su valor ecológico, económico y social.
La Procuraduría Agraria reiteró su compromiso como aliada jurídica y política de los núcleos agrarios del país, y como promotora de un nuevo modelo agrario sustentable, justo y con rostro comunitario.
