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Tribunal ordena peritaje clave sobre fracking en Papantla, Veracruz, en defensa de comunidades totonacas

Se marca un precedente clave en la defensa del medio ambiente y los derechos indígenas en México.

Mauricio Cárdenas

MÉXICO.- Un tribunal federal ordenó realizar un peritaje socioambiental para evaluar los impactos del fracking en comunidades totonacas de Papantla, Veracruz, marcando un precedente clave en la defensa del medio ambiente y los derechos indígenas en México.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Veracruz revirtió la decisión del Juzgado Décimo Tercero, que desechó la prueba pericial en un juicio de amparo promovido en 2023 por 14 comunidades totonacas, respaldadas por la Asamblea de Defensa de la Tierra del Trueno y la organización TerraVida.

La resolución instruye un “Diagnóstico socioambiental de los riesgos e impacto del uso de fracking”, que será clave para analizar el daño ambiental y social que implica el uso del fracturamiento hidráulico en la región.

El fracking amenaza el medio ambiente y la salud

Según el Centro de Información Nacional de Hidrocarburos, el fracking se ha utilizado en al menos el 56.8% de los pozos de Papantla, muchos sin el consentimiento de los pueblos indígenas. La técnica implica perforar el subsuelo e inyectar agua, arena y químicos tóxicos para extraer gas o petróleo, lo que puede causar contaminación de acuíferos, liberación de metano, daño al suelo y sismos.

El tribunal recordó que el derecho a un medio ambiente sano es una norma jurídica suprema, y que los jueces deben aplicar el principio precautorio, aun cuando no exista certeza científica absoluta, para proteger a la naturaleza y a las personas.

Paso firme hacia la prohibición del fracking

Este avance refuerza el llamado de las comunidades totonacas para prohibir el fracking en México y proteger sus territorios, sus aguas y su salud: “El agua es sagrada y no puede permitirse ninguna actividad que la ponga en riesgo”, expresaron.

El juicio continúa, pero el peritaje representa una oportunidad histórica para visibilizar los impactos del fracking y defender los derechos humanos y ambientales en el país.

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