Busca luchador social y ambiental ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

PUEBLA, MÉXICO.- Con las primeras elecciones judiciales que se llevarán a cabo el próximo 1 de junio mediante el voto popular, han salido a la luz una serie de claroscuros protagonizados por el Instituto Nacional Electoral (INE), en una postura que ha parecido más bien opositora a este proceso. Sin embargo, también se vislumbra un ejercicio democrático auténtico, donde luchadores sociales y ambientales que fueron perseguidos por el poder durante años hoy compiten por un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tal es el caso de Raymundo Espinoza Hernández, quien aparece con el número 42 en la boleta morada correspondiente a ministras y ministros de la SCJN. Abogado y politólogo, ha acompañado durante dos décadas a comunidades indígenas y campesinas afectadas por el despojo de sus tierras. En sus redes sociales ha insistido en que la Corte debe emitir resoluciones con un sentido social, no meramente jurídico, ya que muchas veces los abusos y despojos se justifican legalmente con normas hechas a modo.

Espinoza es conocido por haber enfrentado a la trasnacional Monsanto, al oponerse a la siembra de semillas transgénicas en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. En 2016 llegó a la Corte denunciando su perfil condescendiente hacia las empresas, particularmente con Monsanto, a la que se había autorizado la siembra comercial indefinida de soya genéticamente modificada. Su lucha en defensa de comunidades como Bacalar fue larga y persistente, denunciando los riesgos ambientales y de salud derivados del uso de transgénicos y agrotóxicos como el glifosato.

Existe campaña fondeada por transnacionales para desacreditar prohibición del glifosato en México

Desde entonces, ha señalado cómo, tras bambalinas, algunos ministros pactaban el sentido de las resoluciones antes incluso de deliberarlas públicamente. Así lo consignó en un texto publicado en el suplemento La Ojarasca, de La Jornada. Su trayectoria también incluye el acompañamiento a pueblos afectados por megaproyectos turísticos en Quintana Roo, obras carreteras en Tepoztlán, y la defensa de comunidades como Xochicuautla frente al gasoducto Tuxpan-Tula, además de apoyar causas vinculadas a la grave contaminación del Río Santiago, en Jalisco.

Uno de los estudios que expone esta situación, “Contaminación del Río Santiago: un problema epidemiológico ambiental persistente de salud pública en Jalisco, México”, señala que el río representa una exposición constante a sustancias químicas y agentes biológicos, afectando gravemente la salud de pobladores de El Salto y Juanacatlán. Las conclusiones llaman a una intervención urgente de las autoridades y una revisión profunda de la legislación ambiental.

En su página raymundoespinozahernandez.com se destaca su papel como asesor de la “Sesión México” del Tribunal Permanente de los Pueblos, la Asociación Latinoamericana de Integración, la OIT, y su participación en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Red en Defensa del Maíz. Ha sido reconocido por impulsar la cultura jurídica popular y el litigio participativo. También se desempeñó como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conahcyt durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Tanto Espinoza como otros perfiles de corte social, como Lenia Batres Guadarrama (número 3 en la boleta), han sido blanco de ataques desde medios corporativos y sectores del Poder Judicial, el poder económico y empresas evasoras de impuestos. No obstante, medios progresistas y voces de izquierda han expresado su respaldo. Incluso José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador y secretario general de Morena, mencionó que su voto será por candidaturas como la de Raymundo Espinoza.

Aunque el INE arrancó este proceso bajo condiciones poco claras y desiguales, las propias comunidades han asumido la tarea de difundir las trayectorias de quienes buscan representar una justicia distinta, más cercana a los pueblos.