Organizan lucha comunitaria contra el impacto de sustancias tóxicas en México

MÉXICO.- En un esfuerzo colectivo por frenar la devastación ambiental en distintas regiones del país declaradas en emergencia ambiental y sanitaria, surgió este fin de semana la Red Nacional de Pueblos Envenenados en Resistencia.

En su primer encuentro en la Basílica de Ocotlán, Tlaxcala, se reunieron alrededor de 186 personas provenientes de 18 estados y 65 organizaciones comunitarias, así como miembros de la academia comprometida con causas sociales.

El objetivo, de acuerdo con las personas organizadoras, fue construir una fuerza social amplia y unificada frente a la emergencia sanitaria y ambiental que afecta a México, la cual ha causado un “deterioro progresivo de nuestro entorno y de la salud de nuestras familias y comunidades”.

Las comunidades denunciaron que el daño irreversible de su entorno y salud es resultado de la acumulación de sustancias tóxicas y prácticas extractivas nocivas, la exposición prolongada a plaguicidas, químicos industriales y otros contaminantes que han generado una alarmante proliferación de enfermedades crónico-degenerativas como: insuficiencia renal crónica, leucemias infantiles, cánceres de diversos tipos, malformaciones congénitas, enfermedades autoinmunes y anemias severas.

Estas condiciones no solo han devastado a las familias, sino que también han fracturado el tejido social y vulnerado los derechos fundamentales de los afectados.

Además, este envenenamiento sistemático ha sido facilitado por décadas de políticas neoliberales que permitieron el ingreso indiscriminado de tecnologías y sustancias peligrosas, el establecimiento de industrias contaminantes y el desmantelamiento de las capacidades gubernamentales para inspeccionar y sancionar a los responsables. El daño a la salud y los territorios es ya irreparable en muchas regiones.

El encuentro planteó exigencias clave, entre ellas: cancelar proyectos que mercantilizan bienes naturales, como el Ecoparque Tlalli Malinche en Puebla; prohibir insecticidas que afectan a las abejas y detener la instalación de empresas petroquímicas en zonas como Topolobampo, Sinaloa, y frenar la transferencia de agua entre cuencas y declarar el estado de Yucatán como “entidad envenenada”.

Al destacar el trabajo de la Coordinadora por un Atoyac con Vida y otras organizaciones que luchan por la restauración integral de la Cuenca del Alto Atoyac, demandaron planes de saneamiento con enfoque integral, que aborden no solo la contaminación del agua, sino también del aire y el suelo.

También enfatizaron la necesidad de incluir la participación activa de científicos, académicos y afectados que históricamente han documentado y resistido estos problemas.

Exigencias nacionales

• Reconocimiento de la emergencia sanitaria derivada de la exposición masiva a sustancias tóxicas y el incremento de enfermedades crónico-degenerativas en las comunidades.
• La revisión crítica de marcos regulatorios en agroquímica, bioseguridad y manejo de residuos.
• El fortalecimiento de las capacidades científicas y analíticas del país para monitorear los efectos a largo plazo de estos contaminantes.
• La promulgación de una nueva Ley General de Aguas que garantice el derecho humano al agua.
• Justicia para las personas defensoras de derechos humanos y territorios que han sido perseguidas, criminalizadas o asesinadas.

La proliferación de enfermedades graves como el cáncer y la insuficiencia renal, además de los impactos irreversibles al medio ambiente, hacen indispensable la acción inmediata. La lucha continúa con la firme convicción de que la organización, la resistencia y la acción colectiva son clave para la transformación del país.

El pasado 2 de septiembre de 2021, el entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (después Conahcyt y actualmente Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación), así como las secretarías de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales suscribieron un convenio marco de colaboración para llevar a cabo políticas participativas en las que sumaran la participación de diversos colectivos y organizaciones comunitarias.

En aquel entonces se reconoció que durante los últimos 40 años se desarrollaron Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental en el país, también conocidos como “infiernos ambientales” en las que habita el 75 por ciento de la población nacional, como consecuencia de actividades económicas mal reguladas y del crecimiento de zonas urbanas contaminadas.

EL APUNTE

El pronunciamiento completo de esta Red Nacional de Pueblos Envenenados, así como de las organizaciones que lo conforman puede consultarse AQUÍ