El Acuerdo de Chinameca marca la ruta para una república rural justa y soberana
Firmado en Chinameca, Morelos, el acuerdo fue suscrito por 24 organizaciones nacionales y regionales, herederas de luchas de resistencia indígena y campesina
CIUDAD DE MÉXICO.— El Acuerdo Nacional para una República Rural Justa y Soberana, conocido como Acuerdo de Chinameca, se ha consolidado como el eje rector del desarrollo rural en México, tras ser el único pacto firmado entre organizaciones campesinas, indígenas y afromexicanas con la entonces presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.
El subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera, destacó que este acuerdo representa la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación en el campo y un reconocimiento al papel de los pueblos originarios en la construcción de soberanía alimentaria.
Un pacto histórico con raíces campesinas
Firmado en Chinameca, Morelos, el acuerdo fue suscrito por 24 organizaciones nacionales y regionales, herederas de luchas de resistencia indígena y campesina. Para Suárez Carrera, este pacto es “la herramienta que hay que cuidar y defender para garantizar la agenda rural del segundo piso de la 4T”.
El documento establece tres ejes fundamentales:
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Reformas constitucionales para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, elevar a rango constitucional los programas de Bienestar y apoyo a pequeños productores, y prohibir el maíz transgénico para consumo humano.
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Defensa de la transición agroecológica, con una política que priorice la soberanía alimentaria, dejando atrás el modelo neoliberal y rechazando el uso de glifosato y plaguicidas.
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Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, que garantice el derecho constitucional a la alimentación mediante producción de alimentos saludables, compras gubernamentales y reservas estratégicas.
Soberanía alimentaria como eje rector
El investigador de la UAM Xochimilco, Armando Bartra Vergés, recalcó que el acuerdo reconoce a la soberanía alimentaria como pilar del desarrollo rural. Propuso además un plan hídrico nacional con una nueva Ley General de Aguas, justicia para jornaleros y fortalecimiento de la propiedad social de la tierra.
La directora de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, Leticia López Zepeda, recordó que este pacto refleja la unidad de un mosaico de movimientos que resguardan más de 32 mil ejidos y comunidades, donde se concentran los principales recursos naturales de México.
Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, Janeth del Rosario Cruz Gómez, subrayó que la reforma constitucional en materia de derechos busca reconocer a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Un compromiso social y político
El acuerdo también plantea la necesidad de rediseñar las instituciones rurales y los tribunales agrarios para que sus funcionarios respondan a las realidades del campo y no a intereses externos.
El líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle Medina, reiteró que la autosuficiencia alimentaria es una demanda viva de las comunidades, tanto en el campo como en la ciudad.
Con este pacto, México refuerza el rumbo hacia un modelo rural justo, soberano y sustentable, donde el campo se reconoce no sólo como espacio productivo, sino como corazón cultural, social y ambiental del país.
