Poder Judicial podría favorecer a Monsanto y sus plaguicidas, en detrimento de la salud de las y los mexicanos

NÉXICO.- La organización Demanda Colectiva Maíz, colectividad de personas que decidieron defender legalmente al maíz nativo de la amenaza que representa el maíz transgénico, advirtió que el Poder Judicial está a punto de imponer un proyecto de resolución al amparo que interpuso Monsanto Comercial para echar por tierra los avances en México para prescindir del herbicida más usado en el mundo: el glifosato.

Durante la emisión en vivo con la periodista Carmen Aristegui, la abogada del equipo jurídico de la Demanda Colectiva Maíz, Julia Álvarez Icaza, lamentó que el proyecto que se hizo público del magistrado ponente Ricardo Gallardo Vara, busca amparar a Monsanto para favorecerlo e ignorar más de 200 estudios que sustentan de forma sólida los daños potenciales que el herbicida glifosato causa a la salud de las personas y el ambiente.

Es una clara tendencia que sólo valora las pruebas y los argumentos que aporta la agroindustria y desestima lo que dice la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, dijo la abogada del colectivo a la periodista Aristegui.

Distintas organizaciones, instituciones y comunidades campesinas, han alertado que, tras haberse dado a conocer que el proyecto de resolución del amparo 504/2022 en el que el magistrado ponente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito pretende proponer al Poder Judicial  un criterio para favorecer a la empresa Monsanto Comercial en contra del decreto presidencial de 2020 (no obstante que éste se encuentra abrogado por el decreto presidencial del 13 de febrero de 2023).

Poder Judicial podría amparar a Monsanto y permitir importación masiva de glifosato

Todo esto, podría poner en riesgo el principio precautorio para poder dejar entrar de forma masiva el herbicida glifosato nuevamente a los campos mexicanos, lo cual atentaría contra la salud de las personas y los ecosistemas.

En una rueda de prensa convocada por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), el director de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (Rapam) y coordinador de la oficina de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN) en América Latina, Fernando Bejarano González, dijo que lo que está en juego es reafirmar nuestra soberanía alimentaria, este derecho que tenemos como pueblo a tener acceso a alimentos suficientes, nutritivos, saludables, producidos de forma ecológica y culturalmente adaptados.

Lo que está en juego es la defensa de los derechos humanos y colectivos a la vida, a producir y consumir alimentos libres de agrotóxicos y transgénicos y a la transformación de un régimen alimentario neoliberal a un régimen justo, sano y ambientalmente sustentable”.

Por ello, el decreto presidencial por el que se amparó Monstanto Comercial y que el Poder Judicial podría concederle, expresa una nueva correlación de fuerzas y disputas en el campo regulatorio. “En este sentido, se debe pensar que este decreto, junto con la transformación del régimen agroecológico, debe estar acompañado por una política general hacia la prohibición gradual de los plaguicidas altamente peligrosos y una continuidad y ampliación de la agroecológica campesina en los programas gubernamentales”.

EL APUNTE

Este 15 de noviembre el Poder Judicial deliberará si el proyecto del magistrado Ricardo Gallardo Vara avanza, lo cual sentaría un grave precedente en México en contra de la salud de todas las personas, especialmente de niñas, niños y adolescentes.